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El actual sistema de financiación, con su normativa homogénea y los diferentes fondos existentes, altera el principio de ordinalidad, con lo que tras el reparto, comunidades como Balears que, inicialmente, ocupa por ingresos tributarios la tercera posición, pasa a la novena al aplicarle la normativa de la financiación.

Madrid y Catalunya pasan de los primeros puestos al undécimo y décimo, respectivamente.

Esta es una de las conclusiones del estudio sobre «Financiación Autonómica de régimen común: una reforma necesaria», elaborado por el Consejo General de Economistas, que destaca que esas comunidades con mayor capacidad recaudatoria pasan a tener menor financiación por habitante que otras con menor capacidad.

A su juicio, este hecho se produce, fundamentalmente, porque se ha querido mantener una situación previa al actual sistema y por el reparto de los fondos de Convergencia que «obedece más a criterios institucionales que técnicos».

Para estos expertos, no se cumple con el principio de corresponsabilidad fiscal porque, a la vez que se otorgan amplias capacidades normativas en algunos tributos a las comunidades, el 75 % de sus ingresos tributarios tienen que pasar a engrosar un fondo estatal: el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF).

Según el análisis de estos expertos, se produce un «efecto reordenación» inducido por los mecanismos de nivelación del modelo de financiación como muestran con los datos del ejercicio de 2013.

Tras Madrid y Catalunya, Balears que, inicialmente, ocupa por ingresos tributarios la tercera posición, pasa a la novena al aplicarle la normativa de la financiación.

Por el contrario, Extremadura, en el puesto catorce por tributación, pasa al tercero, por detrás de La Rioja, en la posición dos, y de Cantabria, que cambia el cuarto por el primero.