El decreto aprobado el martes por el Parlament vuelve a plantear dudas sobre la calificación urbanística de urbanizaciones fantasma como Monport, en Andratx, ya que no cuenta con todos los servicios.

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Las leyes de protección del territorio que aprobó el Govern de Francesc Antich en su segundo mandato han originado peticiones de indemnización 483,65 millones de euros, según los datos oficiales de que dispone el Govern. Fueron 19 los promotores que se sintieron perjudicados por esta legislación y presentaron recursos que aún siguen sin resolverse en la mayor parte de los casos.

La cifra se ha conocido un días después de que el Parlament convalidara un nuevo decreto-ley en materia urbanística, que también protege determinadas zonas en las que hasta hace un mes había posibilidades de construir o de promover negocios que afectaban a la ocupación del territorio, como campos de golf o de polo.

En la Conselleria de Territori, responsable del decreto, asumen que las modificaciones legislativas pueden dar pie a nuevas demandas que se sumarían a las que ya existen.

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Aseguran que las sentencias contienen a menudo pronunciamientos que establecen cuantías muy inferiores a lo que se reclama. También es frecuente que, durante la ejecución de la sentencia, no queden acreditados determinados daños que, por lo tanto, no merecen ser indemnizados.