Marc Pons, portavoz del Govern. | ARCHIVO

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El Govern balear quiere recuperar 2,8 millones de euros destinados al Instituto Nóos y con este propósito está trabajando la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en el juicio que comenzó el pasado lunes en Palma.

Así lo ha asegurado este viernes el portavoz del ejecutivo, Marc Pons, que ha explicado que la «estrategia» del ejecutivo autonómico es garantizar la «recuperación» de ese dinero que pertenece a los ciudadanos de Baleares.

El portavoz ha informado también de que el ejecutivo ya ha «recuperado» en los tres últimos años, y tiene «ya en caja», un total de 1,28 millones de euros de diferentes casos de corrupción tras dictarse sentencia firme. En total, los tribunales de Justicia han garantizado el pago a la comunidad autónoma de 6,9 millones de euros públicos malversados.

El conseller de Presidencia, Marc Pons, ha informado Consell de Govern de las cantidades económicas recuperadas por la Abogacía de la Comunidad Autónoma a raíz de sentencias firmes dictadas por casos de corrupción.

En los tres últimos años, la Comunidad Autónoma ha conseguido 1.283.818 euros. Solo en 2015 se han logrado 389.810 euros y en 2016 se confía en recuperar 2.877.721 euros del caso Nóos.

Según ha señalado Pons en la rueda de prensa, la Abogacía de la Comunidad Autónoma está personada en más de una decena de casos de corrupción con el fin de reparar el daño económico causado al erario autonómico. Según las sentencias condenatorias firmes, la comunidad debe percibir 6.967.372 euros.

La cantidad más importante resarcida por la Comunidad Autónoma es la que proviene de la sentencia del caso Scala, una trama de corrupción que se ejecutó a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CEDEIB) durante la legislatura 2007-2011 del PP.

Por este caso, la Comunidad Autónoma ha recuperado 793.704 euros, aunque le corresponden 6.294.917 euros según la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo.

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Al margen de este caso, la comunidad autónoma también se ha visto resarcida con 95.536 euros por la sentencia de una de las piezas del caso IBATUR; con 92.023 euros por el caso Turisme Jove; con 83.952 euros por cuatro piezas del caso Voltor; y con 4.766 euros de la primera pieza del caso Palma Arena.

Últimamente, la comunidad autónoma ha recuperado 37.710 euros del caso Bitácora y 176.125 euros de la segunda pieza del caso Voltor.

Solo en 2015 se han restituido a las arcas autonómicas 389.810 euros provenientes de casos de corrupción como Turisme Jove, diferentes piezas del caso Voltor y el caso Bitácora.

En el Consell de Govern también ha sido informado de las previsiones más inminentes de la Abogacía, que está personada en el caso Nóos y que confía en recuperar por este caso 2.633.180 euros por responsabilidad civil directa y 244.541 euros más por responsabilidad civil a título lucrativo.

En total, la petición principal por el caso Nóos será de 2.877.721 euros. Además, la Abogacía también está personada en el caso Son Espases.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma se ha personado como acusación en las causas que juzgan casos de corrupción que hayan podido producir un perjuicio sobre el erario público autonómico.

Aunque dispone de recursos limitados,la Abogacía ha creado un área específica de lucha contra el fraude integrada por letrados que se dedican de forma preferente a casos de malversación de caudales públicos.

Además, Pons ha señalado que la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares se pondrá en marcha en los próximos meses, una vez que sea aprobada por el Parlament balear a finales de abril.

El presupuesto de la comunidad autónoma de este año dispone de fondos concretos para que este organismo comience a trabajar.