Iago Negueruela, Pedro Jiménez y Pilar Sansó durante su participación este miércoles en la Conferencia Sectorial de Industria y en la de Comercio Interior. | @iBalears

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El conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, ha dicho este miércoles que las medidas que se proponen desde el Gobierno central, a través de las Conferencias sectoriales, son «poco eficaces» porque «no tienen en cuenta las características específicas de cada comunidad».

En este sentido, Negueruela ha hecho referencia a que, por ejemplo, en el caso de Balears la industria y las pequeñas y medianas empresas se encuentran con la dificultad añadida de los sobrecostes derivados de la insularidad, sin que desde el Estado se negocien medidas correctoras de este déficit.

Así se ha manifestado el conseller tras la Conferencia Sectorial de Industria y PYME celebrada en Madrid, un encuentro que ha tenido lugar antes de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior de esta tarde.

Sobre éstas, Negueruela ha dicho que «son útiles para coordinar las políticas entre comunidades» aunque «en manos de este Gobierno no son instrumentos eficaces, porque según los actuales criterios no existe una coordinación efectiva entre comunidades y Estado, y no permiten elaborar un diseño conjunto».

En concreto, ha expuesto que el Estado elude revisar o volver a redactar leyes que los diferentes sectores y comunidades demandan, porque han ido perdiendo vigencia con el paso de los años. Esto provoca que cuando una comunidad quiere desarrollar normativa nueva en una materia de su competencia, muchas veces se producen discrepancias que pueden acabar en el Tribunal Constitucional.

Según ha explicado, no es solución adecuada que se vayan aplicando reglamentos para intentar solucionar las carencias de las leyes, por lo que ha pedido más «valentía» a la hora de legislar en materias como el desarrollo de la industria y las pequeñas y medianas empresas en el ámbito estatal, y siempre coordinadamente con las comunidades.

Los resultados de estas políticas están creando «problemas a las comunidades», tales como -en el caso de Balears- las gasolineras 'low cost', las empresas de inspección periódica de instalaciones o el proyecto de liberalización de las ITV. «Cuando una comunidad ha intentado regular amparándose en sus competencias el Estado ha recurrido las normas autonómicas alegando inconstitucionalidad», ha señalado.

Una situación similar, ha apuntado, ocurre en el ámbito del comercio, ya que, con actuaciones liberalizadoras como la Ley de Medidas urgentes de liberalización del comercio de 2012, en Balears «donde tenemos un territorio limitado, nos encontramos con problemas concretos», como la declaración responsable o comunicación previa a la hora de abrir un nuevo negocio.

«Este punto de la Ley de liberalización del comercio perjudica el interés general de los ciudadanos que actúan correctamente, porque en nuestras Islas menudo se instalan empresas y comercios 'fantasma' que aparecen y desaparecen según la temporada» y dejan deudas y perjuicios a terceros, difíciles de reparar.

Por otra parte, ha reiterado que el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno contra la Ley balear de Comercio -retirado hace pocos días por el propio Gobierno central- ha demostrado una «desconfianza y falta de lealtad institucional» por parte de el Ejecutivo de Rajoy, cuando desde las Islas se demostró en todo el proceso negociador, y que también hemos demostrado con la aprobación del Decreto Ley de medidas urgentes de grandes establecimientos comerciales.

Desde las Islas, ha manifestado, «nos gustaría que en Madrid tuvieran en cuenta la idiosincrasia económica y territorial de nuestro archipiélago, ya que la insularidad supone un coste económico y de competitividad para nuestro empresariado». Por ello, ha reclamado «un compromiso con el Ministerio para solucionar la pérdida de competitividad que tienen las empresas de las Islas en relación al resto del Estado».