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La portavoz del PSIB-PSOE, Pilar Costa, ha calificado califica de «miedo electoral» del PP la «amenaza» del Ministerio de Sanidad de que la devolución de tarjetas sanitarias a los inmigrantes podría suponer multas millonarias para las comunidades autónomas.

Después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtiera el jueves de que la devolución de tarjetas a inmigrantes irregulares por parte de varias comunidades autónomas podría vulnerar competencias estatales y suponer «posibles multas millonarias» de la UE hacia España en relación con la atención a ciudadanos comunitarios, Costa ha invitado al PP a destinar más recursos a la sanidad pública en los Presupuestos del Estado.

La socialista ha atribuido la amenaza del PP de multas a aquellas comunidades autónomas que hayan retornado a la sanidad universal a la proximidad de las elecciones generales y el «miedo electoral que tiene el PP por los malos resultados que pronostican las encuestas», ha informado el PSIB en un comunicado.

Costa ha defendido que la labor del Govern presidido por Francina Armengol ha sido «garantizar la asistencia sanitaria a 15.000 personas de Baleares, un derecho que había sido robado por el PP de Bauzá», y ha recalcado que «es un hecho que contempla el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares».

La portavoz socialista cree que el PP recurre a amenazas con la Unión Europea «por cobardía», después de la aceptación que obtenido esta medida que ya ha devuelto la sanidad gratuita a más de 600 personas en las Islas.

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Además, la portavoz del PSIB-PSOE ha dicho que en vez de hablar de multas, «lo que debería hacer el Gobierno del PP es dedicar más recursos a la sanidad pública a través de los Presupuestos Generales del Estado, porque ha sido uno de los ámbitos más castigados por los recortes ideológicos impulsados esta legislatura».

Costa ha animado además al Govern balear a seguir impulsando medidas que como el retorno de la tarjeta sanitaria y el plan contra la explotación laboral, que considera «un referente para otras comunidades autónomas en su aplicación».

La presidenta Armengol y la consellera de Salud, Patricia Gómez, declararon ayer sentirse orgullosas de la devolución de 600 tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación irregular en Baleares y anunciaron que el Govern seguirá adelante con esta medida, al día siguiente de que el ministerio de Sanidad advirtiera de la posibilidad de que dé lugar a multas.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, aseguró que «en ningún momento se ha amenazado a ninguna comunidad, se ha constatado un hecho», que es que si las regulaciones contemplan a los irregulares pero no a los ciudadanos comunitarios que residen en España desde hace más de tres meses y que ya no disponen de seguro en sus países de origen, estos últimos podrían «sentirse discriminados».

La consellera balear Gómez defendió que la normativa balear es «muy clara» en este aspecto y que varias comunidades que quieren iniciar este mismo proceso la han puesto «como modelo» porque «especifica de una manera muy clara cuáles son los derechos de la población comunitaria y qué hay que hacer con las personas de la Unión Europea porque está recogido en otros textos».