El juez Castro prorrogará su labor. | Juan Carlos Cárdenas

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El juez del caso Nóos, José Castro, ha asegurado hoy que se acogerá a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para prorrogar la fecha de su jubilación y continuar su labor como magistrado de Instrucción durante dos años más.

«Estoy satisfecho porque por fin se ha impuesto el sentido común», ha asegurado hoy Castro, que cumple 70 años en diciembre, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada ayer por el Congreso, que permitirá que los magistrados puedan prolongar voluntariamente su jubilación forzosa de los 70 a los 72 años.

El juez del caso Nóos considera que «no tenía lógica ninguna que se pudiera prorrogar la permanencia en la carrera judicial si se iba a un tribunal colegiado y no si se estaba en un órgano unipersonal cuando tan importante puede ser uno como otro», ha declarado al llegar esta mañana al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

Castro ha confirmado que solicitará acogerse a este cambio legislativo y ha señalado que no cree que su voluntad expresa de retrasar su jubilación haya influido en absoluto en el cambio normativo: «No me siento con potencial suficiente como para promover reformas legislativas».

El magistrado solicitó formalmente el pasado febrero aplazar su jubilación forzosa a los 70 años y continuar trabajando en calidad de magistrado emérito asignado al juzgado en el que ha trabajado los últimos años para poder concluir la instrucción del caso Palma Arena, la macrocausa de corrupción divida en 27 piezas que instruye.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no consideró procedente la solicitud, días después de que también la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) se pronunciara en el mismo sentido por unanimidad.

El TSJIB explicó en su informe sobre esta cuestión que la continuidad en la instrucción de un juez jubilado en calidad de magistrado emérito no se adecuaba a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entonces solo contemplaba la prolongación de funciones como magistrado emérito para formar sala como suplente en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales.

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Castro pidió ser nombrado emérito y que se le adscribiera a su propio juzgado solo para seguir instruyendo las veinte piezas pendientes del caso Palma Arena cuando se jubilara en diciembre, con la limitación de no asumir ningún nuevo caso y retirarse cuando cierre la investigación.

El juez cordobés argumentó en su solicitud que su jubilación supondría un quebranto en el juzgado dada la complejidad de las 19 instrucciones pendientes del caso Palma Arena.

La instrucción del caso Palma Arena comenzó en 2008 para determinar las posibles responsabilidades penales por el sobrecoste de la construcción del velódromo del mismo nombre, impulsado por el Govern que presidió Jaume Matas entre 2003 y 2007.

Durante la investigación se fueron abriendo nuevas vertientes como la del caso Nóos, que acabará sentando en el banquillo por presunta corrupción al cuñado del Rey Iñaki Urdangarin y por supuestos delitos fiscales a su esposa, la infanta Cristina.

En la primera pieza que llegó a juicio, relativa a pagos ilegales a un periodista que le escribía discursos, recayó sobre Matas una sentencia condenatoria por la que cumplió pena de prisión en la cárcel de Segovia.

Cuando el TSJIB se pronunció en contra de la petición, recordó que en el juzgado del que Castro es titular hay «un número significativo» de asuntos pendientes de avanzar en la fase de instrucción por posibles delitos contra la Administración Pública, razón por la que se ha dotado de un refuerzo con una jueza de adscripción territorial.

El tribunal señaló además que prolongar las funciones jurisdiccionales de Castro más allá de la jubilación «posibilitaría la continuidad de las investigaciones a cargo de quien ya ha venido conociendo de ellas desde su incoación», pero indicó que esta opción no estaba contemplada en la Ley.