La que fue secretaria técnica de Cooperación Local del Consell de Mallorca, Coloma Castañer, ha asegurado en el juicio del caso Cloaca que dicho departamento compró unas sillas en 2005 y 2006, por casi 60.000 euros, para favorecer a «empresas afines a Unió Mallorquina» y a un amigo íntimo del conseller. | Joan Torres

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La que fue secretaria técnica de Cooperación Local del Consell de Mallorca, Coloma Castañer, ha asegurado en el juicio del caso Cloaca que dicho departamento compró unas sillas en 2005 y 2006, por casi 60.000 euros, para favorecer a «empresas afines a Unió Mallorquina» y a un amigo íntimo del conseller.

Durante su declaración como acusada en el juicio por presunta corrupción que ha empezado este lunes en la Audiencia de Palma, ha detallado que fue el entonces conseller (Miquel Riera) quien dio las instrucciones para que se compraran las sillas a unas empresas en concreto, afines a UM, y, cuando falleció, su sucesora en el cargo, Catalina Julve, mantuvo dichas instrucciones.

Castañer ha explicado que se decidió comprar sillas, aunque «no eran muy necesarias», para agotar una partida presupuestaria disponible: «Había un remanente que se tenía que gastar y compraron unas sillas como podían haber comprado mesas, camisetas o bolígrafos», ha admitido.

En esta causa, la Fiscalía Anticorrupcion pide 7 años de prisión para Julve, Castañer y para el empresario Simón Galmés, a quien considera beneficiado por la compra de estas sillas y por otra adjudicación para controlar el servicio de recogida selectiva de residuos, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

También pide 4 años para otros dos empresarios a quienes se adjudicó la primera compra de sillas. Anticorrupción estima que los cinco acusados causaron un perjuicio de 575.268 euros a las arcas públicas.

Según ha detallado la técnica, el Consell compró el número de sillas que ofrecieron las empresas por los 29.500 euros del negociado, y solo posteriormente se ofrecieron a los ayuntamientos por si las querían.

La técnica ha explicado que se invitó a participar en el negociado únicamente a empresas afines a UM «con el fin de tener controlado el concurso».

El primero se adjudicó a Almacenes Rullán, y en el segundo se les invitó de nuevo a concurrir, junto al empresario amigo del conseller, Simón Galmés. Posteriormente, a los Rullán «se les pidió que se retirarán para que se pudiera adjudicar a Simón Galmés y agilizar el procedimiento», ha relatado.

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Sobre la responsabilidad de Julve, la secretaria técnica ha señalado que no había nada en la Conselleria que se tramitara sin conocimiento de la consellera y que pudo haber no firmado la concesión porque las sillas no eran «algo muy necesario» y se podía «parar perfectamente».

En su declaración ante el tribunal como acusado, el empresario Galmés ha defendido su trabajo y ha asegurado que cumplía todos los requisitos para la adjudicación, tanto del contrato de las sillas como del control de la recogida selectiva.

Ha admitido que si no hubiera conocido al conseller Riera «la información, igual difícilmente la hubiera tenido», para poder optar a ambos pero ha insistido en que nunca supo que fueran a retirarse las otras dos empresas que concurrieron con la suya a la compra de sillas, ni que las UTE que gestionaban la recogida selectiva de residuos criticaran en un informe que su trabajo no tenía utilidad.

Galmés ha asegurado que en ningún momento de las contrataciones mantuvo contacto con Julve.

De hecho ha contado que fue destituido por Julve como tesorero de UM en Manacor y que cuando ella se presentó a las elecciones para presidir el partido en dicho municipio, él concurría en la candidatura opositora.

También ha dicho que cuando ella fue destituida del cargo de consellera de Medio Ambiente en febrero de 2010, él continuó haciendo la vigilancia de la recogida selectiva durante un año y medio.

El empresario ha justificado haber facturado al Consell de Mallorca las sillas antes de comprarlas por el hecho de que en anteriores ocasiones que había trabajado con la administración le habían pagado con mucho retraso.

Ha dicho que cobró al Consell 29.500 euros a pesar de que luego las sillas le costaron algo más de 14.000 porque consiguió que la empresa suministradora le rebajara el precio al ser un gran pedido.

El juicio se ha suspendido hasta el próximo día 16, cuando continuará con las declaraciones de Julve y los otros dos empresarios acusados.