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El PSIB ha acusado este jueves a la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, de dejar un «agujero económico» de 125 millones de euros por no haber reclamado al Govern el cobro de los anticipos.

Según ha explicado la consellera del PSIB Rosario Sánchez, el Consell ha aprobado un superávit para el año 2014 «inexistente porque se basa en el cobro de 125 millones de euros de anticipos que no se llegará a producir».

En este sentido, ha criticado que la Ley de Financiación de Consells «deje el cobro de los anticipos en una cuestión de voluntad política, en lugar de explicitar la obligación de su cobro». Esto, según su opinión, es «una victoria del presidente Bauzá, que no quería que el cobro de los anticipos fuera obligatorio para no ver alterados sus objetivos de déficit».

Todo ello, dice, supone un agujero económico de 125 millones de euros «que deberá arreglar el próximo gobierno del Consell de Mallorca», con lo que queda una institución insular «más endeudada, reducida e invisible».

En contra del traspaso de competencias en promoción turística

Durante el pleno del Consell de Mallorca, el PSIB ha votado en contra de rechazar el traspaso de las competencias en promoción turística porque «es el momento de reafirmar el compromiso de Mallorca con el turismo».

En este sentido, el PSIB ha criticado que «hasta ahora se llenen la boca diciendo que Mallorca depende del turismo pero dejen para el próximo gobierno insular la tarea de aceptar estos recursos y desarrollar su gestión».

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Mercedes Garrido, ha argumentado el voto en contra de los socialistas en el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo porque «es un buen texto pero está basado en una muy mala ley».

En este sentido, ha apuntado que «con este reglamento el PP confirma que su modelo a seguir es la construcción desmedida, mientras que nosotros apostamos por la preservación del territorio». Prueba de ello, ha dicho, es la legalización de viviendas en suelo rústico «que derogaremos la próxima legislatura», adelantó Garrido.

Además, ha especificado que este reglamento empeora muchas cuestiones como la cesión de equipamientos públicos o las zonas verdes, que en ambos casos disminuyen.