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La Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Conselleria de Economía y Competitividad, abre una nueva línea de ayudas, dotada en 235 mil euros, para la expansión de la banda ancha en las zonas de difícil penetración de la Red, como las playas.

Para la distribución de las ayudas, se priorizará la cobertura de zonas costeras o playas de gran afluencia, tales como Magaluf, Cala Millor / Cala Bona, Isletas - Cala Major, Playa d'en Repic (Sóller), Puerto de Alcudia, Cala Fondo, Playas de Son Bou, Arenal d'en Castell, Cala Galdana, Playa d'en Bossa, Ses Salines o Illetes en Formentera.

El director general de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Antoni Mateos, ha destacado que «con este tipo de iniciativas dotamos de más velocidad, y de más comodidades a nuestros residentes, facilitándoles la conexión a Internet en zonas turísticas y rurales».

Con esta nueva convocatoria, dirigida a empresas operadoras de telecomunicaciones, se intenta dotar a las playas, principal activo turístico de las Islas, de un nuevo servicio que mejore la experiencia de sus usuarios y, a la vez, amplíe la cobertura de los servicios de banda ancha en nuestro territorio e impulse el uso de las nuevas tecnologías posibilitando la implantación de nuevos servicios en zonas que actualmente no era posible.

«El objetivo de las ayudas a la inversión para infraestructuras de banda ancha es incentivar el desarrollo de estas infraestructuras y las obras de ingeniería civil anexas a zonas en las que no haya infraestructuras comparables ni es probable que deban ser desarrolladas por los operadores del mercado en un futuro próximo», ha puntualizado el director general Antoni Mateos.

Según han explicado desde la Conselleria, ésta es una iniciativa para el impulso del acceso a la sociedad de la información, y para coordinar y fomentar la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones, así como el fomento del acceso y el uso de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Todo, «minimizando el impacto negativo que el despliegue de las infraestructuras y los equipamientos de las telecomunicaciones puedan causar sobre la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente y el territorio».