Fernando Areal, junto a su abogado, llegando a los juzgados. | M. À. Cañellas

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El expresidente del Govern y del PP balear Jaume Matas, que ha comparecido por videoconferencia como imputado desde la cárcel de Segovia, se ha negado este viernes a declarar ante juez José Castro sobre la presunta financiación ilegal del partido.

Matas, que cumple condena por corrupción en la prisión castellana, ha rehusado responder a las preguntas del juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre el supuesto pago de la sede regional del PP en Palma por parte del constructor Antonio Pinal, beneficiario de cuantiosos contratos públicos en la legislatura 2003-2007.

El exministro de Medio Ambiente, representado por un abogado en Palma, ha comparecido desde la cárcel con la cabeza vendada por las dolencias que sufre en los oídos y se ha limitado a afirmar que se acogía a su derecho a no declarar por indicación de sus letrados, han indicado fuentes jurídicas.

Matas ya argumentó que sus problemas auditivos le impedían comparecer cuando el pasado 20 de febrero intervino por videoconferencia, igualmente tocado con un aparatoso vendaje, ante la comisión del Parlament balear que investigó presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción del hospital Son Espases de Palma.

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Donaciones

Sí ha prestado este viernes declaración el exgerente del partido y cuñado de Matas Fernando Areal, también imputado como presunto responsable de gestionar donaciones en negro realizadas a la organización política por parte de adjudicatarios de contratos con las administraciones que gestionaba el PP.

Areal ha negado que pidiera comisiones a empresarios contratados por las instituciones que gobernaba su partido y ha asegurado que todas las donaciones que gestionó se hicieron de forma legal y están contabilizadas.

El cuñado de Matas ha asegurado que la sede regional de la organización se pagó con los fondos propios y mediante un crédito bancario.

Según han indicado fuentes jurídicas, el exgerente ha manifestado que no recordaba las cifras del coste de la adquisición y reforma del inmueble ni al empresario Antonio Pinal, quien presuntamente pagó parte de la operación en compensación por contratos públicos, de acuerdo con la versión que contó al juez el exconcejal de Urbanismo de Palma Rodrigo de Santos.