El exconcejal de Urbanismo de Cort, Javier Rodrigo de Santos, poco antes de declarar ante el juez este martes. | Jaume Morey

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La Fiscalía Anticorrupción y la policía judicial buscan una ‘garganta profunda’ entre el personal de las empresas constructoras que fueron beneficiadas con contratos de obras públicas a cambio de una comisión del tres por ciento que cobraba el PP de Matas, según confesó Javier Rodrigo de Santos ante el juez.

Los investigadores esperan que alguno de los directivos de las promotoras que tuvieron acceso o conocimiento del pago de ese dinero opaco a Hacienda lo denuncien, ya sea a través de una confesión en sede judicial o aportando documentación.

Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal Pedro Horrach y los agentes del Grupo de Delincuencia Económica pondrán la lupa en las obras adjudicadas entre 2003 y 2007 por el Govern que presidía Jaume Matas y quienes fueron las constructoras beneficiadas.

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Las empresas del sector de la construcción que desarrollaron proyectos millonarios en esos años han quedado bajo sospecha desde la confesión de De Santos, y se arriesgan a que les abran un expediente disciplinario, o más aún, a la prohibición de contratar con la administración pública.

El ex concejal limitó el 3 % de comisión a las obras cuya cuantía superan los 500.000 euros.
Ese porcentaje de la supuesta ‘mordida’ tiene apariencia de verdadero para los investigadores, que indagarán entre los directivos de las empresas señaladas para comprobarlo.

Entre las constructoras que se adjudicaron contratos públicos millonarios entre 2003 y 2007 destacan FCC, Dragados, Brues, ACS, Comasa y Obras Subterráneas, Melchor Mascaró, Matías Arrom Bibiloni, Copisa y Pavimentación, Hormigones Carrera.