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El Ilustre Colegio de Abogados de Balears (ICAIB) reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy “una solución transitoria inmediata”, para que se exima a los ciudadanos del pago de tasas judiciales, tras el anuncio de suprimirlas para las personas físicas en todas las instancias y jurisdicciones.

El decano del colegio, Martín Aleñar, aconseja prudencia dado que aún queda mucho por concretar.

En línea con lo defendido por el Consejo General de la Abogacía Española, Aleñar cree que ésta es “una buena noticia a medias”, a la vez que solicita la extensión de la medida a las pequeñas y medianas empresas.

En todo caso, el decano de los abogados baleares considera que cualquier rectificación prevista en el ámbito de las tasas judiciales no es sino un éxito de los operadores jurídicos y, muy especialmente, de la abogacía y de su perseverancia a la hora de denunciar “los efectos perversos de una Justicia tasada que ha desalojado a miles de ciudadanos de su derecho a la tutela judicial efectiva”.

“Es incomprensible que en momentos de recesión económica, que afectan de un modo muy especial a las empresas de dimensiones pequeñas y a sus trabajadores, se plantee mantener unas tasas que van a seguir impidiendo a mucho empresarios acceder a los tribunales para defender sus derechos y legítimos intereses”, considera Aleñar.

Así, la abogacía de las islas seguirá exigiendo la derogación de una ley que “por desgracia ha puesto precio a los derechos e impone una justicia tasada que muchos no pueden permitirse”, y ha confiado en que el Tribunal Constitucional resuelva “con rapidez y cuanto antes” los recursos de inconstitucionalidad que se les acumulan en contra de unas tasas “desproporcionadas, excluyentes e inmorales”.