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Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han criticado al Gobierno central en un comunicado por impulsar en el anteproyecto de la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) el cambio de denominación del imputado, que si prospera esa reforma pasará a ser «sujeto pasivo».

«En el anteproyecto se modifica la inveterada y consolidada denominación de ‘imputado’ en la legislación y práctica forense española por el insólito término ‘sujeto pasivo’... Parece evidente que el cambio de denominación obedece a fines puramente estéticos tras sucesivas y bochornosas imputaciones de responsables públicos», afirman jueces y fiscales.

Tres reconocidos abogados penalistas, Salvador Perera, Miguel Ángel Cardell y Matías Barón, han opinado sobre esta cuestión.

Perera afirma que «es sin duda necesaria y elogiable la introducción de un nuevo ‘status’ procesal previo a la imputación para que el ciudadano sospechoso de infracción penal no se vea doblemente victimizado por las connotaciones mediáticas y sociales de culpabilidad que lleva aparejada la denominación de ‘imputado'».

Cardell cree más acertada la expresión ‘investigado, «pues realmente es un sujeto de la investigación, y todavía no se sabe con certeza si finalmente la causa penal será archivada o si finalmente se vertirá acusación contra aquél».

Barón, por su parte considera «adecuado modificar la terminología y crear una figura al estilo del ‘testigo cualificado’».