Agentes de policía en el taller durante la ejecución de la orden. | Teresa Ayuga

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«Nos ha arruinado la vida». Ana Palmer, una de las responsables de un taller de chapa y pintura del polígono de Son Castelló, lamentaba ayer la actitud del dueño que les ha dejado en la calle. Una comisión judicial respaldada por varios agentes de la Policía Nacional ejecutaron ayer la orden de desahucio que cierra un negocio con cinco empleados y que funcionaba desde hace cuatro años.

Según explican los encargados de RC Automoción cuando pusieron en marcha el negocio acordaron con el dueño de la nave no pagarle un mes. Esa cantidad, 2.700 euros, quedó olvidada hasta finales de 2010 cuando los responsables de la empresa aseguran que pagaron puntualmente los 4.000 euros de alquiler. Su sorpresa llegó cuando en el mes de junio el dueño puso una demanda para desahuciarlos por ese impago al que sumaba los intereses.

Ana asegura que «no nos lo había reclamado nunca». Señala que intentaron negociar con él el pago y que, en principio, éste se comprometió a desistir de las acciones legales. Malentendido o mala fe, esta semana se les notificó la orden de desahucio. En la mañana de ayer intentaron pagar 4.000 euros en el juzgado pero la otra parte no consintió en detener el proceso.