Educació impone los mismos servicios mínimos que el TSJB declaró ilegales

CCOO y STEI-i rechazan el acuerdo a pocos días de la huelga por considerar que tampoco han sido justificados

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La Conselleria d´Educació impuso ayer a los comités de huelga de CCOO y STEI-i los mismos servicios mínimos de la huelga indefinida convocada el curso pasado y que se retoma el día 15 en los centros públicos, es decir, el director y el secretario además del 30 % de la plantilla en el caso de los centros de Infantil y Primaria y el 25 % en los institutos. Es decir, que mantiene los mismos servicios mínimos que el TSJB declaró ilegales hace apenas unas semanas al considerar que el Ejecutivo no los había justificado debidamente. La Sala consideró en su auto –en un caso ganado por el STEI-i– que constituían «una vulneración del derecho fundamental a la huelga».

«El problema es que en esta ocasión la Conselleria no ha aportado ningún argumento más, porque al igual que el año pasado se ha limitado a decirnos, de palabra, que estaban justificados por la necesidad de garantizar el derecho básico a la educación», lamentó el secretario de FE-CCOO, Antoni Baos. Por tanto, tanto este sindicato como el STEI-i esperarán a conocer los argumentos exactos que figuren en el BOIB y seguramente procederán a impugnarlos de nuevo.

En cambio, para la huelga de un solo día convocada en los centros concertados, la Conselleria sí ha rebajado los porcentajes: el 25 % de la plantilla en Infantil y Primaria y el 20 % en Secundaria. Los sindicatos criticaron la «incoherencia» que supone el aumento de un 5% de servicios mínimos en la pública, en relación a la concertada.

Sin acuerdo

En cualquier caso rechazan tanto unos porcentajes como otros, ya que la propuesta de los sindicatos, explicó el STEI-i, era de la de restablecer los servicios mínimos de, como máximo, dos miembros del equipo directivo, tal como había sido oficial en las huelgas que había habido en el ámbito de la enseñanza hasta el curso 2013-2014.

Desde la Conselleria se declaró que son «unos servicios mínimos que el Govern justifica jurídicamente por la necesidad de armonizar el interés general y el derecho de huelga». Una justificación dada –añadió– por el carácter indefinido de la convocatoria de huelga en el caso de los centros públicos.

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