La Comisión Europea está analizando una denuncia presentada por el despacho de abogados palmesano DMS Consulting contra el Reino de España por una normativa –el modelo 720– de la Agencia Tributaria, que obliga a los ciudadanos a declarar sus bienes en el extranjero por valor de más de 50.000 euros.

Alejandro del Campo, el letrado que firma la denuncia, explica que esa normativa, en vigor desde 2012, «perjudica a muchos contribuyentes, en especial, a los residentes en España».

«Nos dimos cuenta de que nuestros clientes, alemanes, británicos, que eran felices en Balears, preferían marcharse antes de cumplir con esa obligación fiscal, ‘salvaje’, absolutamente contraria, no solo a la Constitución, sino también al derecho comunitario», subrayó.

Si la denuncia prospera, la Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción contra España y declarar la normativa contraria a libre circulación de bienes en el ámbito comunitario. En ese supuesto, dará un plazo a España para que el legislador elimine o suavice esa normativa; en caso contrario, la CE podría denunciar a España ante Tribunal Justicia de Luxemburgo, según explicó Del Campo a Ultima Hora.

El letrado afirma que la normativa de Hacienda afecta «sobre todo a extranjeros que quieran fijar su residencia en España».

Y añade: «Lo malo no es la información que ese contribuyente pueda dar a Hacienda, sino que el más mínimo error en esa información le expone a sanciones muy elevadas. Por ejemplo, por cada dato erróneo que se dé, la sanción asciende a 5.000 euros por cada uno de ellos, con un mínimo de 10.000 euros».

Si Bruselas atiende la denuncia de los letrados de Palma, uno de los directos beneficiados podría ser el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, aunque de forma muy matizada, según Del Campo.

«Pujol no se libraría de los delitos fiscales que pudo cometer al ocultar su patrimonio, pero le daría argumentos de mucho pese a sus abogados frente al fisco, pero la verdad, yo no puse la denuncia pensando en el señor Pujol. Si (el expresidente de la Generalitat) ha presentado esa información sobre sus bienes fuera de plazo, Hacienda puede introducir esos datos en la declaración de 2012, y tendría que pagar un 56% sobre ese patrimonio en el extranjero, además de una sanción del 140%», señaló el abogado de DMS Consulting.