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El primer teniente de alcalde de Turismo de Palma, Álvaro Gijón, ha defendido hoy que la cuantía de las sanciones previstas en la ordenanza cívica «son las más bajas» de todo el territorio nacional, por lo que no comprende los motivos por los que la federación de vecinos presentará un recurso contra ella.

En concreto, Gijón, se ha referido a la decisión de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma de presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (TSJB) contra la ordenanza en la que el Ayuntamiento ha trabajado desde la pasada legislatura.

«La federación está en su perfecto derecho de recurrir esta ordenanza porque no le gusta pero no podrá argumentar ni falta de diálogo, ni búsqueda de consenso, ni afán recaudatorio», ha dicho Gijón.

El primer teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal ha recalcado que «he mantenido, personalmente, más de 60 reuniones para explicar esta ordenanza y varias de ellas han sido con la Federación de Asociaciones de Vecinos».

Las reuniones han tenido lugar «antes y después del período de alegaciones, que, incluso, fue el doble de lo que establece la Ley», ha apuntado el regidor de Turismo y Coordinación municipal.

Gijón, que ha defendido la claridad de la ordenanza, ha mostrado su extrañeza por el recurso cuando precisamente esta federación reclama por problemas «como el botellón, los excrementos de los perros o la circulación de bicicletas de las aceras».

Estas prácticas, ha señalado el regidor, «son denunciables y sobre las cuales no cabe interpretación posible».

Gijón ha recordado que entre el 80 % y el 90 % del contenido del texto en vigor es el mismo que el del modelo aprobado en 2009 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el consenso de todas las fuerzas políticas y bajo la presidencia de la alcaldesa socialista Aina Calvo.

Finalmente ha destacado que «una ordenanza similar, con carácter más restrictivo y sanciones de cuantía más elevada, ha sido aprobaba en un ayuntamiento mallorquín no gobernado por el PP lo que demuestra que la de Palma no es una ordenanza política».