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El expresidente del Govern balear Jaume Matas ha pedido a la Audiencia de Palma que revoque las imputaciones contra él en el caso Nóos porque los contratos entre el Ejecutivo autonómico y el instituto que presidía Iñaki Urdangarin no lesionaron el interés público.

La defensa de Matas ha registrado este viernes, último día del plazo, el recurso de apelación contra el auto dictado el pasado 25 de junio por el juez que instruye la causa, José Castro, quien atribuye al exministro de Medio Ambiente dos delitos de prevaricación administrativa, dos de malversación de caudales públicos, dos de fraude a la administración y dos de tráfico de influencias.

El juez instructor rechazó el 17 de julio el recurso de reforma planteado por la letrada que representa al expresidente, Pilar Gómez Pavón, que en sus alegaciones ante la Audiencia provincial reitera básicamente los mismos argumentos, según ha señalado a Efe.

La abogada ha subrayado que de ninguna de las diligencias practicadas en la dilatada instrucción del caso Nóos se desprenden indicios delictivos suficientes para mantener las imputaciones contra su cliente.

Estos presuntos delitos derivan de «marginar la normativa sobre contrataciones públicas» con relación al seguimiento del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears -por el que Iñaki Urdangarin supuestamente percibió una comisión como intermediario-, y los convenios para celebrar los Illes Balears Forum de 2005 y 2006.

Gómez Pavón argumenta que no está acreditado que no se cumpliera la finalidad de los contratos que el Ejecutivo autonómico suscribió con el Instituto Nóos.

Sostenido asimismo que el expresidente del Govern no intervino directamente en la contratación de los servicios que prestó el organismo presidido por Iñaki Urdangarin y que, en todo caso, las supuestas irregularidades podrían tener carácter administrativo, en ningún caso penal.

La defensora de Matas también defiende que el coste que supuso para las arcas públicas la contratación de los dos foros sobre turismo y deportes organizados por Nóos en Palma, unos 2,3 millones de euros, se correspondía con los precios de mercado por servicios similares.

Tras desestimar el jueves de la semana pasada los recursos de reforma de Matas, Diego Torres y Ana María Tejeiro, Gonzalo Bernal y la acusación particular ejercida por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, el juez Castro dio de plazo hasta hoy para que estas partes plantearan sus recursos de apelación.

La próxima semana el magistrado tiene previsto trasladar estos recursos al resto de las partes personadas por si desean pronunciarse sobre ellos y posteriormente remitirá todos los escritos contra su auto de pase a procedimiento abreviado a la Audiencia de Palma.

Previsiblemente este último trámite se producirá ya en septiembre, ya que agosto es un mes prácticamente inhábil en los tribunales.