Según el portavoz del PSIB, Jaume Garau, esta ley es contraria a la seguridad jurídica «tan importante en la isla», ya que significa la «plena responsabilidad de ejercer derechos individuales y colectivos», y de esta forma «se deja a las personas que han hecho correctamente los procedimientos de obras y reformas y toda una serie de gente que no lo ha hecho».
La portavoz adjunta del grupo, Mercedes Garrido, ha explicado que, en relación a la legalización, el Consell mañana plantea «un acuerdo que inicia el trámite de legalización de edificaciones en suelos rústicos que prevé la disposición de la ordenanza de ley del suelos que se aprobó el pasado marzo».
Garrido ha criticado que, por parte del PP, «desde hace mucho tiempo se ha entendido la prescripción de una edificación construida de forma ilegal como una legalización» y que, por otro lado, la conciencia ciudadana de «hago lo que quiero y si me multa el ayuntamiento ya la pagaré nos han llevado a estas consecuencias».
Asimismo, la portavoz ha destacado que en la pasada legislatura el Consell «intentó hacer un paso adelante con la Agencia de Disciplina Urbanística, pero ha sido un paso atrás mucho más grande en esta legislatura con Maria Salom en el Consell».
3 comentarios
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No savia que els polítics del PSIB són també jutges del Tribunal Constitucional, qui poden doncs declarar anticonstitucional una llei.
Que poca vergüenza tienen , a buenas horas lo dicen .
Como mola, ahora que declare que me tocará la lotería en plan vidente de la tele, ah, no, que eso se llama "decreto" y están en la oposición.