En un comunicado del Ayuntamiento de Palma se informa de esta demanda y de que las referidas empresas formaban parte de la UTE instaladora del sistema de recogida neumática de Palma.
Emaya solicita esta indemnización por los daños y perjuicios sufridos por los diferentes incumplimientos imputables a las entidades demandadas, así como por los intereses que procedan legalmente desde la interposisición de la demanda hasta el momento del total pago, así como por el importe de las costas procesales.
Con esta demanda, cuyo coste ha sido cuantificado por la consultora Accuracy, Emaya reclama a las empresas proyectistas y constructoras de la red de la recogida neumática, fuera de servicio desde el 16 de mayo de 2012, por la situación de ruina.
Las empresas han prestado su servicio durante apenas un tercio de su vida útil, que se estimaba en 30 años.
Emaya ha depositado esta mañana en los juzgados de sa Gerreria un total de 14 cajas con información relativa a la demanda, cuya suma en concepto de daños y perjuicios equivale a los costes totales abonados por Emaya a la UTE para la construcción e instalación de la red y que ascendieron a 26,6 millones.
El presidente de Emaya, Andreu Garau, ha lamentado que por parte de las empresas demandadas no se hayan tenido en cuenta los esfuerzos realizados desde la empresa municipal para tratar de alcanzar un acuerdo referente a un problema que afecta a todos los ciudadanos de Palma.
«Pensamos -ha dicho- que hemos hecho lo que teníamos que hacer porque nuestra obligación es defender los intereses de los ciudadanos de Palma ya que un sistema de recogida de residuos cuya vida útil se estimaba en 30 años ha quedado fuera de servicio durante el primer tercio de la misma».
Desde Emaya, ha añadido, se ha hecho un «trabajo muy riguroso apoyado con pruebas periciales que nos han permitido armar una demanda muy potente».
En este sentido, tras el colapso sufrido por la red, Emaya encargó diferentes informes periciales sobre el estado de la misma a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a Guldager Electrolisis, empresa experta en sistemas de protección catódica, y al estudio de ingeniería GRECCAT.
Las conclusiones de los informes apuntan a la existencia de «patologías graves» en la red derivadas de defectos de diseño y construcción por incorrecta selección de materiales y defectos de instalación de los mismos.
También concluyen que los materiales empleados no se encuentran protegidos mínimamente frente a procesos corrosivos, que las soluciones propuestas por Envac para la puesta en marcha del sistema no son técnicamente viables y que la red es irrecuperable, por lo que la única alternativa es la retirada total de la misma, formada por 12 kilómetros de conducciones subterráneas, y la construcción de una instalación nueva.
Pese a la interposición de la demanda, Garau ha afirmado que «se mantienen abiertos todos los canales de comunicación» con las dos empresas instaladoras del sistema.
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