La infanta Cristina declaró ante el juez José Castro el pasado mes de febrero. La mayoría de sus respuestas fueron «no lo sé» o «no lo recuerdo». | Jaume Morey

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Los abogados de la infanta Cristina afirman que no hay «indicios racionales» para atribuirle la comisión de un delito de blanqueo y otro contra la Hacienda Pública, y critican al juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, por mantener «a toda costa» la imputación a su clienta.

En el recurso de apelación de 58 folios presentado ayer en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, los letrados Miquel Roca Junyent y Jesús María Silva exponen diversos argumentos contrarios a la imputación de la hermana de Felipe VI en el 'caso Nóos'. En el escrito, los abogados solo mencionan «un reproche» a su clienta al mantener una «actuación, tal vez, en exceso confiada», afirman, con respecto a lo que «sucedía en Aizoon», la sociedad que compartía con su marido Iñaki Urdangarin. «Aunque tal confianza sea lo más común en la relación matrimonial», matizan.

La defensa de la Infanta se basa en «la falta de relevancia penal de las conductas que se le imputan», como también, «en la ausencia de indicios racionales que las avalen».

«Ninguna de tales imputaciones está debidamente fundamentada», añaden.

Con respecto a los delitos fiscales que imputa el juez Castro a la hija menor del rey Juan Carlos, los letrados recuerdan que todas las diligencias practicadas por la Agencia Tributaria «con resultados abiertamente exculpatorios», y que por ello, «resulta insólito, desconcertante y difícilmente comprensible», que mantenga su imputación.

Sobre el blanqueo, Roca Junyent y Silva reprochan al juez que incrimine a su clienta alternativamente en dos tipos de ese delito (de bienes procedentes de delitos contra la Administración y de delito fiscal) y afirman que esto «pone en evidencia el carácter absolutamente precipitado del cierre de la instrucción y, por ello, la fragilidad de sus conclusiones». También, alegan que el auto del juez contiene «varios errores en la interpretación de la ley penal», y reiteran que la Infanta (en su declaración) «fue absolutamente clara en el sentido de su desconocimiento de cualquier actividad presuntamente ilícita llevada a cabo desde Aizoon».