La farmacia cuya titularidad mantiene el president Bauzá en Marratxí motivó el recurso firmado por toda la oposición en el Parlament al entender que se incurre en una incompatibilidad vedada por la ley y que el inquilino del Consolat de Mar debió solucionar antes de ocupar el cargo. | M. À. Cañellas

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El TSJB ha fijado la fecha clave para decidir si es compatible que José Ramón Bauzá mantenga una farmacia al tiempo que ocupa el Consolat de Mar. La Sala de lo Contencioso ha reservado en su agenda el 10 de junio para deliberar y votar sobre los recursos planteados por el PSIB y Més. A partir de ahí tiene un plazo de diez días hábiles para dar a conocer la sentencia, si bien se espera que la resolución sea casi inmediata después de la deliberación.

La Sala de lo Contencioso ha resuelto hasta ahora todas las cuestiones previas contra los intereses del president. En esta ocasión tendrá que abordar el fondo del asunto. En los autos previos se han reiterado siempre dos votos particulares contra la mayoría de la sala. Dos magistradas, Carmen Frígola y Alicia Esther Ortuño han sostenido la posición minoritaria que considera que son inadmisibles los recursos. Frente a ellas han estado el presidente de la Sala, Gabriel Fiol y los magistrados Pablo Delfont y Fernando Socías. Los cinco serán quienes se reúnan dentro de diez días a deliberar.

La demanda de la oposición plantea formalmente la nulidad del acuerdo del Consell de Govern que archivaba unas actuaciones reservadas sobre la incompatibilidad de Bauzá. Además, solicitan que se declare de forma formal que se ha vulnerado el régimen de incompatibilidades y que, como consecuencia, «Bauzá debe cesar de inmediato como president del Govern de les Illes Balears, con pleno restablecimiento de la legalidad conculcada».
Con todo, la decisión del TSJB sea cuál sea no cerrará la vía jurídica. En teoría, la Sala de lo Contencioso es la última instancia posible cuando se debate sobre una normativa autonómica, en este caso, la Ley de Incompatibilidades de los miembros del Govern. Sin embargo, la existencia de cuestiones de procedimiento sí posibilita que éstas se eleven ante el Tribunal Supremo. En este caso, tanto el Govern como la representación legal de Bauzá han esgrimido que no es posible recurrir contra un archivo administrativo y se han amparado en una resolución del Supremo ante un caso similar en Andalucía. Estas cuestiones sobre la posibilidad o no del recurso volverán a plantearse en la sentencia.