El fiscal imputa falsedad y estafa procesal a un promotor y a un hotelero por el ‘caso Cesgarden’

| Palma de Mallorca |

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El fiscal Pedro Horrach (en el centro), la inspectora jefa de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y el jefe de la Policía Judicial, Antoni Cerdá, tras presentar la querella.

El fiscal Pedro Horrach (en el centro), la inspectora jefa de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y el jefe de la Policía Judicial, Antoni Cerdá, tras presentar la querella.

04-01-2008 | P.C.

El Juzgado de Instrucción 4 de Palma investigará la querella criminal por estafa procesal y falsedad documental contra el promotor Miguel Barca Mir y el hotelero Miguel Ramis Puigrós presentada ayer por la Fiscalía Anticorrupción y altos mandos de la Policía Nacional.

Barca Mir es copropietario de la mercantil Siteme Menorca Sl y Ramis Pruigrós, es administrador de Hoteles y Apartahoteles Garden SL (Cesgarden SL).

La querella se fundamenta en una denuncia presentada por el actual equipo de gobierno del Consell menorquín por la presunta simulación de la compraventa de dos parcelas urbanas situadas en la ‘Aldea Turística’ de la urbanización San Jaime Mediterráneo, en Alaior (Menorca), después de la aprobación del Plan Territorial (PTI) de esa Isla.

La reducción de edificabilidad y el recorte de plazas hoteleras en estos terrenos, motivado por el PTI, desembocó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, ratificada en 2011 por el Tribunal Supremo, que ordenó al Consell insular a pagar a Cesgarden SL una indemnización de 16,5 millones de euros, que con los intereses legales, asciende a 29,5 millones.

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que uno de los argumentos expuestos por Anticorrupción y la policía en el escrito afirma que el Consell de Menorca ha sido víctima de una maquinación fraudulenta, después de que los querellado simularan que las posibilidades de edificar en las dos parcelas era anterior a la entrada en vigor del PTI.

Indicios

El escrito menciona hasta ocho indicios supuestamente incriminatorios contra Barca Mir y Ramis Puigrós, y también, deja abierta la posibilidad de que la querella se puede ampliaren el desarrollo de las investigaciones a otraspersonas.

La imputación de estafa procesal se apoya en el indicio de que ambos querellados consiguieron engañar al tribunal que declaró la responsabilidad patrimonial del Consell de Menorca.

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