Una comisión judicial se ha trasladado al cementerio de Palma para exhumar los restos de una fosa tras la denuncia de un caso de bebé robado. | Alejandro Sepúlveda

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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron, en la mañana de ayer, a la exhumación de unos restos de bebé de una tumba del cementerio en cumplimiento de una orden judicial sobre la investigación de un supuesto caso de niños robados en Palma. Cristina Amunategui es una vecina del barrio palmesano de Sant Agustí que el pasado año inició una batalla judicial para que se investigara la muerte de su hija en el año 1970.

Tras hacerse públicos algunos de los casos de niños robados, Cristina se puso en contacto con la asociación Orígens, que tras recabar pruebas que documentaron el nacimiento y muerte de su bebé decidió interponer la pertinente denuncia al detectar algunas anomalías.

El pasado día 10 de marzo el juzgado de Instrucción Número 5 de Palma ordenó que se abriera la tumba y se realizara una inspección ocular de los restos. Los agentes de la Policía Científica, sin embargo, descubrieron que había una gran cantidad de restos humanos mezclados, por lo que procedieron al cierre de la sepultura de nuevo y comunicaron dicha incidencia al juzgado.

En la mañana de ayer, concretamente sobre las 10.30 horas, empleados de la funeraria, Homicidios y Científica abrían de nuevo la tumba y procedieron a la exhumación de los restos del bebé.

Los expertos localizaron y separaron unos restos de bebé y se los llevaron para proceder a la realización de un exhaustivo examen de ADN.

Cristina, arropada en todo momento por su abogado, Miquel Morro, siguió muy de cerca el proceso de exhumación practicado en la sepultura 201 del camposanto de Palma.

«Yo quiero que se aclare todo y llegar hasta el final. Ahora sólo me queda esperar y acabar con esta incertidumbre», declaró.

Cristina Amunategui ingresó en el hospital de Son Dureta en agosto de 1970 embarazada de ocho meses. El parto se adelantó y la niña fue ingresada en la incubadora. Lamujer fue dada de alta pero la pequeña continuó ingresada. Nueve días después, el hospital le notificó su muerte. La niña fue enterrada en la tumba de la familia pero nadie revisó el contenido del féretro.

La denunciante detectó que había anotaciones de la muerte en el Registro Civil y que estaban firmadas por un facultativo cuyo apellido no cuadraba con los ginecólogos que en ese instante integraban la plantilla del hospital de referencia.