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Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán han solicitado penas de hasta 29 años de cárcel para cinco acusados en el ‘caso Cloaca’, una presunta trama de desvío de dinero en el Consell de Mallorca a través del servicio de recogida selectivo de residuos, que ha sido investigada en el Juzgado de Instrucción 9 de Palma.

En el escrito de acusación, los fiscales solicitan 7 años de prisión para la exportavoz de la extinta Unió Mallorquina (UM) y exconsellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve, y la misma pena para la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer y el empresario Simón Galmés Veny.

Asimismo, Anticorrupcion solicita 4 años de cárcel para cada uno de otros dos acusados, César García y Miguel Rullán.
El juez apunta en esta causa a la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la administración, entre otros hechos por el presunto desvío de unos dos millones de euros por trabajos presuntamente no prestados por parte de las UTE Resenetma, a la que el Consell de Mallorca adjudicó en 2002, mediante un negociado sin publicidad, el servicio de recogida selectiva.

El instructor señala que, años después, un cambio en el sistema de facturación provocó que las adjudicatarias cobrasen del Consell por servicios que en realidad estaban prestando otras empresas, que a su vez percibían fondos de diversos ayuntamientos por estos mismos servicios.