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Alicia MateosPalma25/04/14 0:00
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La ordenanza cívica volvió a protagonizar parte del pleno celebrado ayer, aunque para su aprobación definitiva se ha convocado una sesión extraordinaria el próximo 12 de mayo. El teniente de alcalde de Turisme, Álvaro Gijón, reiteró que no se sancionará a ninguna persona en riesgo de exclusión social y destacó que la propia ordenanza prevé la elaboración de planes en materia de inclusión social y personas sin techo, la reinserción y el trabajo sexual.

Artistas. Las explicaciones de Gijón no convencieron a la oposición, que exigió la retirada de la ordenanza. La regidora de Més Neus Truyol criticó que los artistas callejeros siguen estando «criminalizados». En este sentido, añadió que los artistas callejeros reivindican una regulación consensuada y recriminó que en la ordenanza aprobada por la Junta de Gobierno se prevea aprobarlo por decreto y no mediante un reglamento pactado con las partes afectadas. La teniente de alcalde de Funció Pública, Irene San Gil, respondió que hará por decreto para que sea más rápido, pero aseguró que estará consensuado con los artistas.

Ayudas. El pago de las ayudas económicas urgentes fue otro de los puntos más polémicos del pleno. El PP rechazó la propuesta del PSOE de pagar las ayudas económicas urgentes en un plazo máximo de 24-48 horas. La regidora de Benestar Social, Aina Ferriol, argumentó que no siempre es posible cumplirlo y aseguró que tampoco lo fue la pasada legislatura. Ferriol recordó que han cambiado el sistema y ha posibilitado agotar toda la partida de las ayudas económicas urgentes. Además, destacó que el anticipo mensual se ha incrementado de 190.000 a 230.000 euros.

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La socialista Virginia Abraham pidió «un esfuerzo para definir cuáles son las ayudas económicas urgentes más básicas» y denunció que «mientras la demanda de servicios sociales ha aumentado un 74% en el último año, el equipo de gobierno retrasa el pago de las ayudas de emergencia».

Prisión. El pleno también rechazó con los votos del PP rehabilitar las viviendas de la antigua prisión para destinarlas a personas desahuciadas, como proponía Més. El teniente de alcalde d'Urbanisme, Jesús Valls, argumentó que su coste es muy elevado, el planeamiento lo prohibe y tendrían que ser derribadas porque en esta zona se prevé un vial. Valls propuso destinar los 3,8 millones de la venta del solar a actuaciones en materia de vivienda.

Bonificaciones. Sí se aprobó por unanimdad, a propuesta de Més, aplicar bonificaciones en el impuesto de contrucciones a las obras que mejoren la eficiencia energética.