Jaume Carbonero y Francina Armengol, en una imagen de archivo. | Redacción Local

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La presión para construir viviendas en suelo rústico cae a su mínimo histórico y, durante el año 2013, sólo hubo 155 peticiones para construir chalés, la cifra más baja desde que existen registros de esta naturaleza, muy lejos de las 1.289 solicitudes que se llegaron a plantear en el año 1999.

Esta caída en picado de las peticiones para construir chalés coincide con la aprobación de una amnistía para aquellas viviendas construidas de forma ilegal en el campo mallorquín. El Parlament balear aprueba hoy la Ley del Suelo, la primera de esta naturaleza en las Islas, que fija una amnistía para aquellas viviendas ilegales, cuyo delito ya haya prescrito y que no tengan ningún expediente de disciplina urbanística.

Según las estimaciones del Consell, la moratoria puede beneficiar a unas 20.000 viviendas construidas ilegalmente. El Govern rebaja esta cifra hasta las 10.000 pero, en cualquier caso, el número de viviendas que se pueden beneficiar de la moratoria es superior al de viviendas construidas legalmente en los últimos 20 años, que suma un total de 7.922 casas autorizadas de un total de 9.326 solicitudes.

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El debate político

A pesar de que durante la tramitación del proyecto de ley, el PP ha aceptado el 40 por ciento de las enmiendas presentadas por la oposición, tanto PSIB como Més aseguraron ayer que votarán en contra de este documento y que modificarán algunos de sus aspectos si gobiernan.

El diputado del PSIB Jaume Carbonero denunció que la ley es una vuelta al desarrollismo de los 90 y cae en los mismo errores que provocaron la burbuja inmobiliaria, pero sobre todo se opone a la amnistía en rústico que posibilita la ley. Biel Barceló (Més) explicó que su oposición al proyecto se basa en esa legalización masiva de casas ilegales.

La diputada del PP Virtudes Marí lamentó que la oposición no haya querido sumarse a una ley que, en su opinión, está ampliamente consensuada y denunció que PSIB y Més han preferido mirar para otro lado antes que buscar una solución a las viviendas construidas en suelo rústico sin licencia.