La infanta Cristina prestó declaración en calidad de imputada durante casi siete horas ante el juez Castro.

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«El juez no lo esperaba». Varios de los abogados presentes en el interrogatorio a la infanta Cristina explicaron a este diario que el magistrado instructor José Castro no pudo disimular el malestar que le produjo la decisión del fiscal anticorrupción Pedro Horrach de reproducir en la Sala el auto que había dictado en 2012 y que en el que rechazaba de plano imputar a la hija del Rey, tal y cómo se lo pedía una de las acusaciones populares, Manos Limpias.

Horrach y Castro mantienen diferencias jurídicas muy acusadas en torno a la participación de la Infanta en los negocios supuestamente delictivos de su marido, Iñaki Urdangarin, en especial, las relacionadas con el dinero que la sociedad de ambos, Aizoon, ingresó de las sociedades 'satélites' del Instituto Nóos.

Citaciones

El fiscal se opone a la imputación de la Infanta y el juez, todo lo contrario, la ha citado en dos ocasiones en calidad de querellada, aunque la primera de ellas, de abril de 2013, fue anulada por la Audiencia de Palma.

«El solo hecho de participar en un ente asociativo sin ejercer en el mismo funciones ejecutivas no genera para el simple partícipe responsabilidad criminal por los hipotéticos delitos que pudieran cometer sus directivos en el ejercicio de sus facultades de dirección», afirmaba el juez Castro, acogiendo «plenamente las argumentaciones planteadas por el Ministerio Fiscal, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears y el Partido Popular».

«¿Está de acuerdo con eso?», preguntó Horrach a la Infanta, y el mismo interrogante le planteó al reproducir el párrafo donde el juez se refería a la entidad Aizoon, donde calificaba de «escasamente probable» que siendo Urdangarin y la Infanta los únicos partícipes de esa mercantil «tuviera lugar algo que formalmente se pareciera a Juntas».

El juez Castro ha justificado su decisión de imputar a la hija del Rey por segunda vez tras analizar los once informes aportados a la causa por la Agencia Tributaria y la Policía Naciona. Considera que hay razones suficientes para escuchar a la Infanta en sede judicial, tal y cómo lo hizo el pasado sábado.