Así, han denunciado que en este caso «se deja al margen a una amplia población afectada», cuando en algunos convenios internacionales se destaca la importancia que tiene en los estados democráticos la participación pública en asuntos relacionados con la calidad del medio ambiente.
Según han destacado los ecologistas, en el proceso no se está cumpliendo la directiva europea de evaluaciones de impacto ambiental, ya que la Unión Europea firmó en 1998 el Convenio de la ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, Convenio de Aarhus. Dicho acuerdo se ratificó en 2005 y su objetivo es «garantizar los derechos de la participación del público en la toma de decisiones en asuntos medioambientales».
Incluso, han señalado que en el artículo 6 de dicho convenio se establecen varias disposiciones en relación a la participación del público en las actividades no enumeradas en el proyecto «que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente».
En base a estos y otros artículos del convenio, desde el GEN han dicho que el anuncio de exposición pública establece que el expediente podrá ser examinado en varios organismos institucionales, aunque «no existe exposición pública ni posibilidad de consulta del expediente en ninguna de estas islas, remitiéndose a los ciudadanos a una visita a la isla de Mallorca para estudiar el documento».
«Este hecho vulnera indudablemente el derecho a la información y participación pública establecido en la legislación europea y estatal y la obligación del Ejecutivo de velar por su cumplimiento, por lo que la tramitación de la evaluación ambiental se está realizando al margen de la legalidad», han denunciado.
Por otra parte, el GEN ha asegurado que, del expediente sometido a exposición pública, se deduce que el Estado aprueba proyectos que, por normativa estatal i europea, deberían ser previamente objeto de evaluación ambiental, obviando la inexistencia de ésta. También han explicado que, según normativa, los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental, lo serán antes de su adopción, aprobación o autorización, algo que no ha sucedido en la campaña de Cairn Energy.
El GEN también ha criticado que el anuncio de exposición pública tampoco especifica a qué organismo han de remitirse las alegaciones, causando indefensión absoluta de los administrados.
4 comentarios
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Es vera, llebeig, que psoe i pp han treballat conjuntament per fer realitat aquestes prospeccions i les que han de venir. Diguin el que diguin tots dos partirs estan pringats i fan fàstic. Alerta amb el que es vota.
Aquest Govern del PP té uns ministres que l´unic que saben fer son vertaders actes vandàlics i molt de mal als ciutadàns i a les comunitats. Son monstres i haurien de quedar inhabilitats per qualsevol càrrec públic o privat de per vida.
por la voz de la experiencia, formas de aplicacion de estas prospecciones el olor q desprende no es de gasoil, mas bien a humedad de los sobres q contienen euritos... senyors aixi no!!!! aqueste illes s estimen pero no se les trapitja d aquesta forma
Es vera, com diuen, que aquestos convenis amb Caim Energy van ser signats sota el govern PSOE-ZP?