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El Govern ha aseverado este martes durante la sesión plenaria del Parlament que ni la Ley de Símbolos, ni el decreto que la desarrolla, tienen como objetivo «perseguir docentes», sino que buscan «preservar la imparcialidad» en los inmuebles y muebles en los que la Comunidad Autónoma presta un servicio público.

El vicepresidente del Govern y conseller de Presidencia, Antonio Gómez, se ha expresado así en el transcurso de una interpelación defendida por el diputado del PSIB Antoni Diéguez, quien ha lamentado que esta ley «pretende legislar sobre la libertad de expresión» cuando esto «está reservado para las leyes orgánicas».

En este sentido, Diéguez ha incidido en que si el Govern «sólo» usa esta normativa para «perseguir docentes» pero no la aplican «en todos los casos» se estará «incurriendo en prevaricación por omisión» y, además, ha vuelto a reprochar que la norma establece la «censura previa», a pesar del dictamen del Consell Consultiu, que se posicionó en contra.

Por su parte, Gómez ha asegurado que «la Ley sólo pretende que en los espacios donde la Comunidad Autónoma presta un servicio público, éste se preste con total imparcialidad» y que «todo lo demás lo añaden» desde el PSIB.

«Ustedes siguen con el manual de demagogia en contra de todo lo que hace este Govern, mientras nosotros estamos, como siempre, en la tarea de dejar estas islas mucho mejor de como las dejaron ustedes», ha zanjado el vicepresidente.