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Hoy, día de Sant Sebastià, entra en vigor la Ley de Símbolos, que obliga a todos los colegios públicos y concertados de las Islas a retirar los lazos y banderas cuatribarradas que han simbolizado desde hace un par de años la lucha contra el TIL y la política educativa del Govern en general.

La ley no afecta sólo a los centros educativos –sino o todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios públicos de la Comunitat–, pero fue redactada pensando en ellos. Y como casi todas las normativas que ha aplicado este Govern, la ley ha generado gran confusión y malestar en los centros.

Los directores no tienen claro qué pueden colgar y qué debe retirar para no incurrir en infracciones hasta muy graves, que acarrean sanciones de hasta 10.000 euros, y que pueden incluso llegar a ser constitutivas de delito. También se han quejado de recibir más amenazas que información o aclaraciones.

La mayoría acatará la ley, por lo que a día de hoy ya ha descolgado las banderas, si las tenían, y a partir de ahora reclamará por escrito la autorización para todo cartel, lazo o símbolo que quieran exhibir ante cualquier conmemoración o fiesta.

Defensa numantina

Y como hecha la ley, hecha la ‘trampa’, hasta la fecha cinco municipios habían declarado la senyera de las cuatro barras como símbolo oficial de interés local a fin de esquivar los efectos de la Ley de Símbolos. Muchos centros educativos de estos municipios habían decidido mantener sus banderas. Pero el Govern contraatacó el pasado viernes estas actuaciones al anunciar un decreto para el desarrollo de la ley en el que se establece explícitamente que para que esos símbolos declarados de interés local puedan ser expuestos en edificios públicos primero lo tiene que aprobar el Consell de Govern.

Así las cosas, hoy dará comienzo, seguramente, un nuevo capítulo en el eterno y tenso conflicto educativo. Aunque la Conselleria d’Educació ha asegurado que no sacará hoy mismo –festivo en Palma– a los inspectores a la calle para velar por el cumplimiento de la ley, ante cualquier denuncia de la existencia de un lazo o bandera cuatribarrada en un centro sí pondrá en marcha la maquinaria. Exenta queda la UIB, ya que el conseller de Presidència, Antoni Gómez, aclaró el viernes que la institución no está dentro del ámbito de aplicación de la nueva ley.