El expresidente balear Jaume Matas, en una imagen de archivo. | Efe

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La Audiencia de Palma ha pedido hoy a las acusaciones que intervinieron en el juicio por el que Jaume Matas fue condenado a nueve meses de prisión que se pronuncien sobre la solicitud del expresidente balear de que se suspenda la ejecución de la pena mientras el Gobierno decide si le indulta.

Según han informado fuentes judiciales, la sección primera de la Audiencia Provincial ha dado traslado de la solicitud de suspensión presentada ayer por Matas tanto a la Fiscalía como a la abogacía de la comunidad autónoma, que ejercieron la acusación en la primera pieza del caso Palma Arena que llegó a juicio.

La sala pide a las acusaciones que expongan su criterio sobre la suspensión de la pena de prisión antes de decidir definitivamente si aplaza el encarcelamiento del exministro hasta que el Gobierno resuelva la petición de indulto.

Matas demandó ayer que se suspendiera la pena hasta que haya una decisión sobre la medida de gracia a la misma sala que en dos ocasiones anteriores se lo había negado pese a que es una posibilidad prevista en el ordenamiento jurídico, ya que la condena es inferior a los dos años.

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Su abogada, Pilar Gómez Pavón, se mostró confiada en que la Audiencia de Palma atenderá su solicitud de suspensión igual que ha hecho en circunstancias similares, como en el caso del periodista Antonio Alemany, condenado en el mismo juicio que Matas por beneficiarse de fondos públicos del Govern balear de forma irregular.

En su escrito ante la sección primera de la Audiencia, la abogada alude expresamente al caso de Alemany, que escribía discursos para Matas, para poner de manifiesto que la doctrina de la propia sala es favorable a la suspensión de penas de «corta duración» cuando está pendiente un indulto.

Argumentos

Los argumentos esenciales de la petición de gracia al Gobierno de Mariano Rajoy, que fue compañero de gabinete de Matas entre 2000 y 2003, son la poca duración de la pena y que su ejecución no se ajusta al propósito resocializador al que debe responder según la Constitución.

Por otro lado, el expresidente balear está pendiente de que se haga pública la sentencia por el juicio celebrado contra él la semana pasada, en el que un jurado popular le consideró culpable de cohecho por presionar a un hotelero para que pagara 42.000 euros a su esposa, Maite Areal, a cambio de un trabajo ficticio.