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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha aprobado un decreto ley que endurece el control sobre las piscinas de uso privado. Los titulares de piscinas unifamiliares están obligados a notificar a la Conselleria de Salut del Govern balear determinadas incidencias que puedan producirse en sus propiedades.

El decreto ley en cuestión establece que deberá ponerse en conocimiento de Salut aquellos problemas o accidentes que puedan ocasionar ahogamientos, lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos, quemaduras graves, electrocuciones o intoxicaciones por productos químicos.

Posteriormente, la Conselleria, en un plazo máximo de un mes, deberá notificar de estas eventuales incidencias al Ministerio a través de su página web. La normativa establece que, una vez detectada una situación de incidencia, el propietario de la piscina deberá efectuar las gestiones oportunas para conocer las causas de la misma, así como adoptar medidas correctoras y preventivas.

Aparte de las unifamiliares, como piscinas de uso privado, la nueva normativa -que sustituye a una de 1960- también contempla aquellas instalaciones pertenecientes a comunidades de propietarios, casas rurales o agroturismos. Para estas, los controles son más exhaustivos, en el sentido de que deberán aportar información sobre las características de la piscina, el tratamiento de sus aguas, los productos químicos utilizados, la calidad del agua y el aire, en el caso de las cubiertas.