Fotografía de archivo de la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín, tomada el 25 del Noviembre de 2012. | Efe

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El juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, dejó ayer abierta la posibilidad de que la infanta Cristina de Borbón y Grecia declare como imputada tras requerir a las partes personadas en la causa que se pronuncien al respecto.

Las acusaciones y los abogados defensores tienen cinco días laborables de plazo para efectuar las alegaciones que estimen pertinente en relación a «una hipotética citación» de la hija del Rey, según señala el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma en una providencia dictada ayer.

La Infanta declararía en calidad de imputada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y /o blanqueo de capitales, según apuntó en su momento la Audiencia de Palma cuando acordó paralizar su imputación decretada por el magistrado.

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Por ahora, las únicas partes personadas en la causa que se han pronunciado sobre la imputación de la esposa de Iñaki Urdangarin son la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular.

Indicios de delito

El fiscal Pedro Horrach remitió un escrito hace tres semanas al juez en el que vuelve a reiterar que no ve «indicios de delito alguno» en la conducta de la Infanta y, por tanto, rechaza que comparezca en los juzgados de Vía Alemania en calidad de inculpada. Horrach ha confirmado que mantendrá ese criterio, aunque no lo volverá a plasmar en otro escrito.

Manos Limpias, por su parte, opina todo lo contrario, insistiendo en que la hija del Rey debe prestar declaración por las actividades supuestamente dolosas de su marido. El juez Castro ya había imputado el pasado mes de abril a la infanta Cristina en la causa que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Urdangarin y de su exsocio Diego Torres a través del Instituto Nóos, pero la Audiencia dejó sin efecto esa decisión, aunque le conminó a que siguiera investigando a la hija del Rey por los posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Desde entonces, el juez ha solicitado numerosos informes a la Agencia Tributaria y a la Policía Judicial.