Falta un 3 % de la obra para que la construcción esté terminada.

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El sindicato UGT, mediante su sociedad Habitatge i Serveis de ses Illes Balears S. L., ha dejado sin ejecutar el 3 % de las obras de construcción de viviendas de protección oficial (VPO) situada entre las calles Antoni Ribas, Pare Guillem Vives y Jeroni Pou por falta de liquidez.

La organización sindical está estudiando la posibilidad de vender a una promotora la obra en cuestión para poder pagar a sus acreedores y que la construcción de las 60 viviendas pueda ser terminada.

Así lo reconocen desde la anterior ejecutiva de la organización sindical, apuntando además que, la obra no sólo está paralizada por falta de liquidez, sino también por un problema con el contador de Gesa.

Construcción

La obra situada entre las calles Antoni Ribas, Pare Guillem Vives y Jeroni Pou de Palma. El solar tiene una superficie de 2.055,39 m2, y sobre él se proyectó la construcción de un edifico de cinco plantas y dos plantas sótanos.

En las plantas piso se estaban construyendo 60 viviendas protegidas de uno, dos y tres dormitorios y en la primera planta sótano 60 plazas de aparcamientos y trasteros vinculadas a las citadas viviendas.

En la segunda planta sótano se estaban construyendo plazas de aparcamientos libres.

La intención del sindicato era ubicar en la planta baja el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).

Cuando se presentó el proyecto, inicialmente ofertado a afiliados de UGT y a sus familiares de primer grado, se especificaba que todas las viviendas dispondrán de: instalación de gas ciudad; agua caliente sanitaria mediante placas solares con calentador de gas de apoyo; preinstalación de aire acondicionado.

Además estaba previsto el dar a elegir dos tipos de acabados en baldosas y azulejos de baños y cocinas, así como parques laminados y la intención era que la promotora del sindicato pagara los primeros 3 millones de euros más IVA del coste de la cocina para que el comprador la pudiera adquirir tal y como él deseara.

Fuentes de UGT han confirmado que ahora las viviendas cuentan con permiso para ser protección oficial pero en régimen de alquiler.

Varios de los proveedores de la obra se han quedado sin cobrar por la paralización de la construcción.