El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, negó ayer que su Ley del Suelo sea una amnistía para viviendas ilegales, como denuncia la oposición atendiendo a que su norma promueve un «procedimiento extraordinario para edificaciones irregulares en suelo rústico».
Según la versión del conseller, lo que hace su norma es poner orden en una situación que se viene arrastrando del pasado y aseguró que «algunos ayuntamientos habían mirado para otro lado».
El conseller respondía así a una intervención de Antoni Alorda (Més) una de las últimas que hará en el pleno ya que renunciará a su escaño próximamente.
La Cámara, con los votos del PP y de Antoni Pastor, rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas a la ley, que ahora seguirá su trámite parlamentario hasta su entrada en vigor.
Vía libre a Muleta
Para el diputado de Més, el proyecto de ley es una «amnistía urbanística» con la que se persigue el desarrollo urbanístico de Balears. Argumentó que blinda y favorece la construcción de urbanizaciones «como ahora la de la Muleta», a la vez que ignora varios aspectos, entre estos el paisaje, suelo rústico, protección del patrimonio y de los rincones de mayor interés, y la conservación.
Para el socialista Jaume Carbonero, de aprobarse la ley se creará en la Comunidad un clima de inseguridad jurídica y supondrá el final de la actual planificación urbanística ya que se favorece el procedimiento para urbanizar se abre el paso a «amnistiar a los infractores».
Antoni Pastor, no adscrito y ahora vicepresidente de PI, se mostró crítico con su ex partido (el PP) en otro punto: el modo en que se había anunciado la Ley de Comercio. Pastor abogó por el máximo consenso y defendió algún tipo de moratoria para impedir la construcción de grandes superficies. El Govern recordó que ya hubo moratorias.
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