Imagen de las instalaciones de Son Reus.

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El Consell de Mallorca no puede aprobar la tasa de incineración para el año que viene ante la existencia de un informe de «disconformidad» de la interventora de la institución. El informe de intervención advierte de que algunas de las medidas que propone la concesionaria para bajar la tarifa a 131,44 euros, y que cuenta con el visto bueno del Consell, no pueden aprobarse sin más ya que en algún caso necesita modificar el contrato con la concesionaria.

Por ejemplo, la empresa propone que parte de los costes fijos que debe afrontar pasen a ser variables, pero el informe de Intervención considera que se trata de una revisión extraordinaria de tarifa y, por tanto, debe haber una modificación de contrato.

El problema sustancial que plantea la interventora se refiere a la tarifa específica para cobrar el tratamiento de lodos de las depuradoras. La interventora advierte de que hasta ahora no se ha cobrado por la eliminación de estos residuos conmina a la concesionaria a empezar a cobrar ya esta tarifa.

Acepta que para el año que viene se fije una tarifa reducida de 70 euros pero alerta de que durante los últimos diez años, debe cobrar la tarifa general fijada en cada momento, que en algunos casos supera los 130 euros.

Si para este se calculan unos ingresos de 2,3 millones en lodos, que es lo que realmente permite congelar este año la tarifa, la deuda de los productores de lodos con Tirme correspondiente a los últimos diez años, sin rebajas, podría superar los 30 millones de euros.

«Si hasta ahora la concesionaria no ha facturado este servicio debe hacerlo de forma inmediata y hasta que se aplique la tarifa específica debe aplicar la tarifa general de residuos sólidos urbanos», señala la interventora en su informe.

La interventora también alerta en su informe de que no se puede incorporar en la tarifa de manera lineal el déficit que acumula la concesionaria porque durante todos estos años se ha congelado la tasa en lugar de subir lo que estipulaba el contrato. Esto ha provocado un déficit de tarifa de 39 millones de euros. La interventora reconoce que este déficit no puede aplicarse de manera lineal a lo largo del periodo de concesión.

El informe

«A partir del año 2011, o bien se congelado la tarifa o bien no se ha revisado. Eso puede haber causado un perjuicio al concesionario por el que se le ha de indemnizar, si es el caso», señala el informe. La interventora entiende que la vía para regularizar esos 39 millones que el Consell debe a Tirme es tramitar un nuevo expediente que y se apruebe un plan de reajuste económico financiero de la concesión.

La consellera de Medi Ambient del Consell reconoció que existe este informe y que su departamento está pendiente de una resolución definitiva de la interventora. En cualquier caso, resto importancia al hecho de que la tarifa no pueda aprobarse ahora y, de momento, se mantenga la de 2013.