El decano electo del Colegio de Ingenieros Industriales de Balears, Salvador Fonollá, no augura que sean muchos los propietarios que se acojan a la regularización de construcciones en suelo rústico que contempla el proyecto de Ley del Suelo.
En el transcurso de la mesa redonda sobre la mencionada legislación organizada ayer por la Agrupació Balear de Tècnics Urbanistes (ABTU), Fonollá advirtió de que «no bastará pagar y contar con documentación gráfica y escrita» sobre los inmuebles a regularizar, sino que los concurrentes también deberán aportar un proyecto y posibles medidas correctoras que garanticen la integración en el medio rural. Una exigencia, que según el decano, puede frenar a muchos propietarios a la hora de encarar el proceso de regularización.
En cuanto al conjunto de la ley, Salvador Fonollá consideró que «no toca en absoluto» el modelo territorial que actualmente impera en el archipiélago. «Lo deja igual que antes», puntualizó. En este sentido, destacó también que «no se trata de un texto revolucionario», calificándolo de «texto refundido» de leyes y normas anteriores.
Desde el Colegio de Arquitectos de Balears, el presidente de la demarcación de Mallorca, Ignacio Salas -también presente en la mesa redonda de la ABTU-, opinó que la nueva Ley del Suelo no representa «ni un paso adelante, ni un paso atrás». Según Salas, «podía haber sido una ley más moderna», ya que «no supone grandes cambios» y, sobre todo, «no tiene en cuenta el territorio» donde se aplica, en este caso, unas islas. «Puede servir para Balears como podría haber servido para cualquier otro lugar», lamentó. En cuanto a las regularizaciones en rústico, mostró su disconformidad con esta 'amnistía'.
Una 'amnistía' que, tal y como puntualizó el director general de Territori del Govern, Joan Mesquida, «no la produce esta ley», sino que la propiciaron los ayuntamientos y consells que, en su momento, «miraron hacia otro lado».
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