Teresa Palmer, en una imagen de archivo. | T. Ayuga

3

Baleares recibirá desde este miércoles un total de 540 millones de euros en la tercera fase del Plan de Pago a Proveedores que permitirá hacer frente a facturas pendientes hasta el 31 de mayo de 2013. Este último plan se divide en dos tramos, el primero, que ya se está empezando a cobrar, es de 191,4 millones de euros y el segundo, que se hará efectivo a partir de 2014, es de un total de 348 millones de euros.

Así lo ha detallado la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, en rueda de prensa, donde ha explicado que del primer tramo, que se hace efectivo a partir de hoy, un total de 46,7 millones de euros estarán destinados a las comunidades autónomas y 144 millones a corporaciones locales. La cantidad del segundo tramo, ha indicado, sólo se dedicará a CCAA.

Cabe destacar que el Gobierno central ha destinado para este primer tramo un total de 5.400 millones para que nueve comunidades y cientos de ayuntamientos puedan hacer frente a las deudas contraídas con empresas y autónomos. Para el segundo tramo, el Gobierno destinará unos 8.000 millones de euros.

Palmer ha señalado que este mecanismo de financiación extraordinario supone «la mayor operación de refinanciación» que se ha realizado en España ya que se habrá realizado (entre las tres fases, que empezaron en 2012) una inyección de liquidez de 41.000 millones de euros.

«Además, ha agregado Palmer, si a esto se le suma el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2012, el Gobierno habrá inyectado más de 102.000 millones de euros en la economía y habrá evitado que cientos de miles de empresarios y autónomos desaparezcan».

La delegada del Gobierno ha mencionado que con esta tercera y última fase del Plan de pago a Proveedores «el contador se pone a cero» en cuanto a la deuda que mantienen las comunidades autónomas y corporaciones locales con proveedores.

Según ha dicho, a partir del año que viene entrará en vigor la nueva Ley de gestión de deuda comercial del Sector Público, que actualmente esta en trámite parlamentario, y que establece que el pago a proveedores se debe hacer a 30 días y, si a los 60 días, éste no se ha efectuado, se tomarán medidas en forma de amonestaciones aún por concretar.

En concreto, el Plan de Pago a Proveedores se computa como deuda financiera, por lo que no se contabiliza como déficit y las CCAA tienen que devolver la cantidad adeuda al Gobierno central con un interés del 3,3 por ciento en esta tercera fase.