Juan Francisco Gosálbez, Juan Francisco Gálvez y Damià Amanegual, entre otros, en el banquillo de los acusados. | Joan Torres

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Doce de los trece acusados en el ‘caso Turisme Jove’, una trama de desvío de dinero público en ese Consorcio en el Govern de Jaume Matas, cumplirán penas mínimas de cárcel, entre 5 meses y cuatro años años y siete meses, al aceptar ante el tribunal los delitos y las condenas que ya sus abogados habían pactado previamente con la Fiscalía Anticorrupción.

En su primer escrito sobre la mecánica defraudatoria seguida en esta causa, el ministerio público solicitaba hasta 48 años de prisión y aseguraba que el Consorcio Turisme Jove, «de haberse consumado los hechos», habría quedado en quiebra técnica tras el desvío de un millón de euros.

La Sección Primera de la Audiencia de Palma, presidida por el magistrado Juan Pedro Yllanes, dejó la causa vista para sentencia tras escuchar a todos los acusados que aceptaban las penas y los importes de multas e indemnizaciones, que superan los 400.000 euros.

Uno de ellos, Miguel Rigo, defendido por el abogado Eduardo Morey, quedó libre de todo cargo después de que la Fiscalía retirara su acusación.

Los términos pactados entre acusados y los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán fueron también aceptados por las acusaciones, entre ellas, la del Partido Popular, representado en el juicio por el letrado Salvador Perera.

Los hechos descritos por los fiscales, confesados de pleno por los acusados, señala que éstos «idearon, planificaron y desarrollaron una serie de actuaciones con la finalidad de que importantes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos fueran utilizados en provecho y beneficio propio o quedaran integrados en su patrimonio personal». Los tres principales acusados, el exdirector general de Joventut Juan Francisco Gálvez, el exgerente del Consorci Turisme Jove (CTJ) Damià Anmengual y el exjefe de Servicios y Mantenimiento de CTJ Juan Francisco Gosálbez, «buscaron enriquecerse mediante el cobro de comisiones o sobornos a los proveedores del CTJ», según Anticorrupción.

Los otros acusados, empresarios y constructores, son María Auxiliadora Pérez, Antonio Dolç, Bartolomé Gayá, Manuel Carmelo Sáez, Jesús García Oeo, André José Villena, Marcos Pérez, Antonio Tugores y Pau Pujante.

Gálvez, Amengual y Gosálbez tendrán que ingresar en prisión para cumplir sus respectivas condenadas inmediatamente después de que la Audiencia dicte la sentencia sobre unos hechos pactados y reconocidos por todos los acusados.