Imagen de la Familia Real en la popa del ‘Fortuna’ durante una de sus singladuras por la costa mallorquina en el año 2006 con la reina Sofía y la mayoría de sus nietos, los duques de Palma y Lugo y la princesa Letizia. | Julián Aguirre

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«El buque Fortuna tenía la consideración de bien mueble integrante del Patrimonio Nacional afecto al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen», asegura el presidente de este organismo, José Rodríguez-Spiteri Palazuelo, en su respuesta a las preguntas formuladas por la letrada que representa a la tripulación del yate en la demanda de impugnación sobre despido colectivo interpuesta ante el Tribunal Superior de Justícia de Balears.

El TSJB ha fijado para el próximo viernes la celebración del juicio ante la Sala de lo Social.

Rodríguez-Spiteri trata de desvincular en todo momento a Patrimonio Nacional de la tripulación del yate real –sólo la reconoce con la empresa Unión Naval de Valencia S.A. como adjudicataria del servicio–, hasta el punto de detallar que el organismo que preside «desconoce quién o quienes impartían las órdenes relativas a cuándo, dónde y cómo se utilizaba el buque».

La defensa de los tripulantes del Fortuna trata de evidenciar, mediante distintas pruebas documentales, la relación directa que ha venido manteniendo la tripulación de la embarcación con Patrimonio Nacional desde que asumió la gestión y mantenimiento de los diferentes yates que ha disfrutado la Familia Real desde 1973, todos ellos con base en Palma.

Desafectación

Desde junio de este año, Patrimonio Nacional comunicó la desafectación del Fortuna a la Familia Real, circunstancia que ha supuesto el inicio del proceso de reversión a Fundatur, la fundación integrada por un grupo de empresarios, Fomento del Turismo y el Govern que financió la construcción de buque. Fundatur y Patrimonio todavía negocian la devolución del barco.