La expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, en una imagen de archivo. | Efe

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El fiscal del Supremo Salvador Viada ha pedido hoy al tribunal que confirme la condena para la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, por unos hechos de corrupción «clamorosa» como los cometidos en el llamado caso Maquillaje.

El Tribunal Supremo ha revisado el recurso contra la condena a cinco años y medio de prisión por delitos de malversación y prevaricación que la Audiencia de Palma impuso a la expresidenta de Unió Mallorquina (UM) y del Consell de Mallorca.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma consideró culpable a Munar y a otras seis personas de conceder desde el Consell de Mallorca dos subvenciones irregulares de 120.000 euros en 2004 y 2005 a la productora Vídeo U, la mitad de la cual había sido adquirida poco tiempo antes por Munar y su entonces «número dos», Miquel Nadal, mediante dos testaferros.

El abogado de Maria Antònia Munar ha comenzado su alocución en la vista celebrada hoy pidiendo al tribunal que juzgue el asunto al margen del «contexto político y social» en el que vivimos. Después ha llamado la atención del tribunal sobre el hecho de que «se ha condenado a Munar sin pruebas».

El letrado ha negado que su defendida participara en la propiedad de la empresa Vídeo U que recibió subvenciones ilegales y ha rechazado la veracidad de la declaración del coimputado Nadal, que fue vicepresidente del Consell de Mallorca.

«No basta con que la declaración del coacusado, que sirve de elemento probatorio, sea racional, sino que debe presentar una total certeza», cosa que no sucede, ha dicho.

El defensor de Munar ha recordado además al Supremo que a su defendida se le ha impuesto una condena por delitos de los que no fue acusada por el fiscal, como sucede con la cooperación necesaria, mientras que no se ha motivado debidamente la pena por malversación.

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A la alusión al «contexto» hecha por el abogado defensor de Munar ha respondido el fiscal calificando de «caso de corrupción clamorosa» la actuación de la expresidenta mallorquina y de los otros inculpados.

El fiscal ha señalado también que «la situación que hoy vivimos es tremenda, la corrupción es una plaga que hoy vive España y el Supremo es el último valladar contra este problema de enorme magnitud que, entre otras cosas, ha afectado a nuestra imagen internacional».

Por su lado, la defensa de Nadal ha recordado que su cliente reconoció lo que la condena declara probado: que Miquel Oliver, empresario audiovisual, tenía dificultades económicas y que, como el Govern balear debía conceder determinadas subvenciones, él vio la oportunidad de controlar un medio local.

Aprovechando esta situación adquirió un 20 % de la propiedad de esa empresa audiovisual, pero niega que, como dice la sala, aquella compra de las participaciones de propiedad estuviera supeditada a la concesión de determinadas subvenciones ilegales.

En contra de su versión, el fiscal ha aducido que los trámites para la concesión de las subvenciones se iniciaron mucho antes de que éstas fueran solicitadas y que dos días más tarde de que se concedieran, se celebró el acto de compraventa, en el que participó un testaferro reconocido por Nadal y un segundo que era familiar de Munar.

La expresidenta ha negado que esta persona, familiar suyo, fuera su testaferro, pero lo cierto es que, según el fiscal ha relatado hoy, cuando debió hacerse la venta de las participaciones otra vez a Oliver esta persona acudió a ver a la propia Munar para que autorizase la operación.

«Esto es la corrupción. La señora Munar supervisaba todo el proceso y así podía actuar Nadal, porque su superior estaba en el ajo», ha dicho, antes de señalar que «toda la operación estuvo coordinada, todos estaban implicados, como en el asesinato del Orient Express».

La segunda pena más alta de esta pieza del caso Maquillaje de corrupción recayó sobre Margarita Sotomayor, exdirectora de Comunicación del Consell de Mallorca, que deberá cumplir cinco años de cárcel. Su abogado ha argumentado hoy que no hay pruebas directas contra ella y que no obtuvo ningún beneficio económico del caso.