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La huelga, que algunos profesores están dispuestos a secundar, ha dejado al descubierto algo que algunos hemos denunciado en otras ocasiones y que no es otra cosa que la politización existente en una parte del sector educativo. Estoy convencido que esta huelga nada tiene que ver con cuestiones laborales, ni siquiera pedagógicas, y que la motivación principal es puramente política. Es evidente que quienes dan clase una media de 176 días al año (mucho menos que el resto de los «mortales»), trabajan unas 21 horas lectivas a la semana (mucho menos que el «resto de los mortales»), por un sueldo medio bruto de unos 2.800 euros al mes (mucho más que el resto de los «mortales»), y tienen además la seguridad de un empleo garantizado (no pueden decir lo mismo la mayoría de los «mortales»), pocos motivos laborales pueden tener para organizar una huelga, cuando otros trabajadores en el sector privado están viendo cerrar empresas y reducir su salario por más horas de trabajo. Está claro que no existe, o no debería existir, una motivación de origen laboral para la huelga.

Podríamos considerar, hasta cierto punto comprensible, que los sindicatos educativos, la Assemblea de Docents y las asociaciones de padres se hubiesen manifestado años atrás contra el Govern de turno por un modelo educativo que nos ha llevado a un fracaso escolar del 39 por ciento de nuestros alumnos frente a un 25,9 por ciento de media nacional, convirtiéndonos, por desgracia, en el furgón de cola de España y en prácticamente los últimos de todos los países de la OCDE, tal y como reflejan los indicadores internacionales en el último informe PISA. Entendería que, en este caso, hubiera cierto malestar en la «comunidad educativa» y especialmente en los padres, ante estos calamitosos datos y, en consecuencia, se buscaran fórmulas para mejorar los resultados educativos, incluso que se convocaran huelgas para que todos reaccionáramos ante el desmoronamiento de nuestro modelo educativo actual.

Sin embargo, estas cuestiones, que afectan gravemente a la formación de nuestros hijos y a su futuro, parecen no preocupar, en lo más mínimo, a unos señores interesados solamente en convertir las aulas en un campo de batalla político. Su preocupación no es pedagógica, es política. No buscan mejorar la calidad de la enseñanza, ni la modernización de las pautas educativas. No buscan que los alumnos adquieran unas competencias que les hagan mejores para afrontar los retos del futuro. La prueba está en que no han hecho nada en estos últimos años por mejorar los demoledores datos de los informes PISA. Y, de hecho, aún esperamos que la federación de padres muestre cierta preocupación por el bajo nivel educativo de Baleares. Hoy la FAPA, lejos de interesarse por mejorar la educación, está haciendo un triste papel, al convertirse en un mero tentáculo de los partidos catalanistas.

En el fondo, la única obsesión de estos colectivos es poder seguir colgando de las fachadas de los colegios los lazos catalanistas, o poder exhibir sus camisetas verdes. Sólo ven en los colegios el instrumento perfecto para difundir el nacionalismo catalanista y para echar de la educación cualquier signo que pueda recordar que somos parte de España. Buscan en los colegios un motivo para hacer oposición al PP, y les importa muy poco si ello perjudica a los alumnos, a los que utilizan, de forma desvergonzada, como escudos humanos para conseguir sus objetivos políticos.

Este grupo de profesores que harán huelga son los que no quieren formarse en inglés para que sus alumnos puedan adquirir conocimientos en este idioma, son los mismos que hacen política en las aulas e intentan adoctrinar a los estudiantes en el catalanismo radical. Son los que presionan y hacen bulling a tantos profesores sensatos, serios, laboriosos, tenaces y rigurosos cuyo único objetivo es educar a sus alumnos, sufriendo, además, en silencio, las amenazas y las burlas de estos.

Por otro lado, es bueno saber que los salarios que se van a descontar a los profesores huelguistas (aproximadamente 130 € al día, más la parte proporcional de la paga extra de navidad y, como novedad, los sábados y domingos) serán destinados por la Conselleria a finalidades que sí tendrán relación con el futuro de nuestros alumnos. También conviene saber que, hasta la fecha, a los instigadores de las huelgas, léase sindicalistas apoltronados, no se les descontaba de su sueldo los días que hacían huelga. En esta ocasión estos señores, que únicamente trabajan los días de huelga, también verán recortados sus emolumentos al igual que el resto de huelguistas. Todo un acierto en aras a la igualdad.

Para finalizar, me gustaría destacar la necesidad urgente de reconversión de la educación pública. Son demasiados años de inercias y vicios que nos han llevado a obtener los peores niveles educativos de Europa. En una empresa privada, el trabajador que no funciona, no trabaja o no tiene buenos resultados, es despedido. En cambio, en la enseñanza pública no tiene consecuencia alguna el ser un mal profesor. No es de recibo que con el dinero de todos estemos pagando a profesores que enseñan mal, deforman o manipulan, o no muestran ningún interés en reciclarse. Es imprescindible apostar por un sistema de evaluación continua para los profesores. Se debe poder medir sus resultados y pedir explicaciones si no se alcanzan los objetivos. Necesitamos una educación moderna y de calidad, con un profesorado bien preparado y motivado. Y quien no quiera sumarse a este carro, que lo abandone, o directamente que la Conselleria prescinda de sus servicios.

Lo positivo de esta huelga es que sabremos, con nombres y apellidos, quienes están preocupados por el futuro de nuestros hijos, y quienes, por el contrario, juegan con los alumnos para conseguir objetivos políticos.