Dos tripulantes realizan tareas de mantenimiento a bordo del 'Fortuna', atracado en la base naval del Portopí. | Pedro Prieto

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha admitido a trámite la demanda, presentada el pasado mes de agosto, por despido colectivo presentada por los tripulantes del Fortuna . El escrito se ha formulado contra la empresa Unión Naval Valencia SA y Patrimonio Nacional.

La denuncia de la tripulación del yate real tiene como principal objetivo que el TSJB se pronuncie sobre la que consideran ha sido su «cesión ilegal de trabajadores» por parte de Patrimonio Nacional a través de Unión Naval Valencia SA, empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del Fortuna .

Juicio rápido

Fuentes del propio TSJB adelantaron que la Sala de lo Social, que preside el magistrado Francisco Whilhelmi, dará traslado, en el transcurso de los próximos días la demanda a las diferentes partes mientras que, con toda probabilidad, el juicio quede fijado para el mes de octubre.

Testigo

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Cabe señalar que en la demanda de la tripulación del Fortuna , además de diversas pruebas documentales, se solicita que se cite como testigo al presidente de Patrimonio Nacional, José Rodríguez-Spiteri, y a la gerente de este organismo.

Para los tripulantes del Fortuna la empresa Unión Naval Valencia SL era sólo la «empleadora formal», una pantalla de Patrimonio Nacional que era la fijaba su masa salarial y dictaba las instrucciones, junto con la Casa Real, sobre las diferentes travesías que realizaba el yate real.

Ninguno de los diez tripulantes del Fortuna ha recibido la correspondiente indemnización por su despido.

En este sentido cabe señalar que tras la rescisión del contrato de mantenimiento por parte de Patrimonio Nacional, Unión Naval Valencia SA instó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas técnicas y organizativas que se tramitó ante la Direcció General de Treball i Salut Laboral, dependiente de la Vicepresidència Econòmica de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

Este Expediente de Regulación de Empleo finalizó sin acuerdo y ha motivado la actual demanda formulada ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Balears.