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El grupo municipal del PSOE ha pedido al equipo de gobierno que «al menos una tercera parte» de los 8 millones de euros que aflorarán en las cuentas de Cort este año por refinanciación de su deuda se dediquen a paliar «el sufrimiento de familias que no comen cada día, en vez de a pagar las expropiaciones, que tienen otro mecanismo probado por el Gobierno».

Por su parte Més per Palma, denunció ayer que «el interés del 6,5 % contraído por Cort en crédito para pagar 101 millones de euros a proveedores es perverso, abusivo e ilegítimo, cuando las entidades financieras consiguen ese dinero a menos del 1 %».

La portavoz socialista, Aina Calvo, manifestó en conferencia de prensa que «los pagos de expropiaciones pueden llevarse a cabo según el Gobierno de España, en decreto del 28 de junio pasado, con un nuevo mecanismo por pago a proveedores, con lo que al menos parte de los 8 millones que el alcalde Isern quería destinar a ese fin podrían y deberían servir para paliar el sufrimiento de muchas familias de Palma».

Para Calvo, que anunció una moción en el pleno ordinario de este mes, «si esta vez no nos hacen caso, como ya hicieron antes con propuestas similares, habrá quedado claro que el alcalde Isern demuestra que su mayoría absoluta para gobernar Palma supone una falta de sensibilidad social, y que no valen excusas de mal pagador cuando se trata de elegir entre las condiciones de pago a bancos y el sufrimiento injusto e inneseario de miles de ciudadanos en estos momentos».

De su lado el portavoz de Més en Cort, Antoni Verger, anunció que iniciarán acciones legales «para conseguir que sea declarado ilegítimo el interés del 6,5 % con el que el equipo de gobierno contrae un crédito para pagar 101 millones de euros a proveedores, teniendo en cuenta que las entidades financieras acceden a ese dinero para prestarlo a menos del 1 %».

Según Verger, «es increíble que cuando se proclama que las deudas de las instituciones públicas están justificando la crisis económica, el Ajuntament de Palma pueda contraer unos compromisos con las entidades financieras a unos intereses aún mayores que los conocidos hasta el presente, mientras deja de lado toda política pública que pueda paliar la grave situación de muchos ciudadanos».