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El director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio, Ricardo Conde Díez, ha aclarado que «no se va a modificar ni cambiar de sitio ni un solo edificio judicial», lo que supone que seguirán funcionando los que actualmente están en marcha.

Conde se ha referido a este asunto en una rueda de prensa en Palma, donde mantiene encuentros para conocer la situación de la Administración de Justicia en Baleares, al ser consultado sobre la posibilidad de la supresión de los juzgados de Inca, Manacor, Ibiza y Menorca en la islas, que estaría prevista en el proyecto de ley de planta y demarcación judicial.

Conde ha explicado que este proyecto, elaborado en el marco de la reforma de Justicia del Gobierno central, proponía agrupar partidos judiciales, lo que generó mucha polémica, por lo que ahora se trabaja en un texto alternativo, que «suprime la totalidad de los partidos judiciales y configura un solo partido, que sería la provincia».

«Desde el Ministerio estamos intentando dejar bien claro que no se va a modificar ni cambiar de sitio ni un solo edificio judicial; es decir, que todos los que están ahora en funcionamiento seguirán funcionando», ha incidido.

La preocupación de Justicia, ha dicho Conde, es que «el modelo que finalmente adopte el Ministerio esté dotado de la suficiente elasticidad como para poder dar soluciones óptimas a cualquier parte del territorio nacional con independencia de razones geográficas».

«Otra cosa es que ese proyecto a nivel procesal permita una gestión distinta del reparto de asuntos, pero eso no implica que se vaya a cambiar ningún edificio a corto o medio plazo», ha precisado. Conde se ha reunido con los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, cuyo presidente, Antonio Terrasa García, ha agradecido su presencia por «tomar el pulso in situ» de la situación en las islas, y se ha mostrado convencido de que este encuentro permitirá que en un futuro los recursos judiciales para el archipiélago «sean más ajustados a las necesidades reales».

El representante del Ministerio de Justicia ha mostrado especial preocupación por la situación del Juzgado de lo Penal número 8 de Palma, con cuyos magistrados y secretarios, también mantiene un encuentro, ya que este es el órgano responsable de ejecutar todas las sentencias penales, por lo que lleva varios años desbordado.

«Estamos estudiando soluciones que permitan afrontar o intensificar esos refuerzos», ha indicado.

Conde ha asegurado que el Ministerio intenta en Baleares «hacer un especial esfuerzo» en la dotación de recursos en vista de que es una de las comunidades que no tiene las competencias de Justicia transferidas, por lo que los recursos personales y económicos dependen del Estado.

Baleares «tiene una peculiaridades que no se nos escapan a nadie, en especial la insularidad y una fuerte carga de trabajo. Es una exigencia el estar en contacto permanente para poder dotarla de los recursos suficientes para el buen funcionamiento de la Administración de la Justicia», ha señalado Conde.

Los órganos judiciales de Baleares que actualmente cuentan con refuerzos de magistrados son los de lo Contencioso Administrativo, de lo Social, lo Mercantil, el Penal número 8 y el de Instrucción Número 3.

En relación a la modernización informática, el representante del Ministerio ha apuntado que, a pesar de que ya ha entrado en funcionamiento una nueva versión del sistema operativo «que ha dado ciertas soluciones no las que nos gustaría a todos», aún se espera una valoración definitiva de la situación por parte del equipo enviado por el Ministerio que la semana pasada realizó una inspección de los equipos de los juzgados en Baleares.

Antes de la rueda de prensa, una veintena de jueces del archipiélago se han concentrado durante cinco minutos a las 12.00 hora ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por la muerte por infarto de un magistrado en los juzgados de Madrid.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo y coordinador de Jueces para la Democracia en Baleares, Gabriel Fiol, ha reclamado medios médicos en los juzgados en el edificio del Tribunal, ya que actualmente no cuentan con ningún recurso de atención sanitaria para situaciones de emergencia.

«Que nos pongan las medidas adecuadas. No tenemos los medios para afrontar estas dificultades», ha reivindicado.