El exconseller de Economía del Consell de Mallorca, Miquel Àngel Flaquer, acusado en el caso Can Domenge, ha asegurado ante el tribunal no haber dado información alguna a ninguna empresa antes de que se resolviera el concurso para la adjudicación de los solares palmesanos, que la Institución insular vendió a la mercantil Sacresa tras una tramitación, según la Fiscalía, plagada de irregularidades para que esta empresa resultase finalmente beneficiaria.
«Nunca hablé de este tema con nadie, me daba igual que fuera una empresa que otra», ha recalcado el también expresidente de Unió Mallorquina (UM), quien ha asegurado que fue el «primer sorprendido» al escuchar las confesiones de que Sacresa recibió información privilegiada del Consell en torno a los pliegos del concurso. «Pido por favor que se me crea, no sé cómo pudo la información de la Institución», ha recalcado quien fuese además tesorero del partido.
Tal y como ha explicado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, las bases del procedimiento se hicieron en su departamento y fueron sus funcionarios quienes montaron el expediente administrativo, por lo que ha manifestado que le «sabe muy mal que se insinúe que Economía hiciese llegar información privilegiada a Sacresa, y mucho peor que se diga eso de mí».
En esta misma línea, el acusado, a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ha asegurado que de las presuntas visitas que una comitiva de esta mercantil hizo a la sede del Consell antes de resolverse el concurso «no sé nada, como tampoco nadie se reunió conmigo ni fui a ninguna reunión al respecto». «Soy una persona seria y estricta», ha espetado Flaquer, quien, inquirido sobre si habló de este tema con la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar, ha asegurado tajantemente que no.
La Fiscalía sostiene, sin embargo, que fue a principios de 2005 cuando, siguiendo las directrices de Munar, se fue elaborando un proyecto con la participación del exvicepresidente insular Miquel Nadal, Vicens y Flaquer, quienes se concertaron con otros acusados a fin de «beneficiar de manera arbitraria» a Sacresa, para lo cual idearon, prepararon y desarrollaron las actividades administrativas necesarias, disfrazando el proyecto bajo la apariencia de que se trataba de una decisión política.
«Infringieron de forma deliberada y manifiesta diversas normas y de manera injustificada se apartaron del interés público», apunta el Ministerio Público en su escrito de acusación, aseverando que el proceso estuvo supervisado «en todo momento por Munar», quien «impartió las órdenes y directrices tendentes a la finalidad acordada», pese a que la expresidenta niega haber participado en acto ilegal alguno durante la tramitación.
Además, apunta a que los cuatro acusados decidieron que nunca debía sobrepasarse la cantidad de 31,5 millones de euros para la adjudicación y así «podrían mantener el expediente bajo control», dirigiendo el procedimiento hacia un concurso y no una subasta.
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