Imagen de archivo de Lorenzo Bravo. | Joan Torres

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La Audiencia Provincial de Baleares ha fallado a favor del secretario general de UGT Baleares, Lorenzo Bravo, frente a la demanda que contra él interpuso el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, a raíz de los improperios que profirió el líder sindical como consecuencia de unos polémicos acuerdos adoptados por el Ejecutivo balear.

El tribunal de la Sección Tercera ha confirmado de este modo la sentencia que dictó la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Palma, que desestimó la demanda del máximo mandatario autonómico al aseverar que «debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión del señor Bravo sobre el derecho al honor del señor Bauzá». Una resolución que recurrió Bauzá ante la Audiencia, que finalmente ha rechazado su impugnación.

Y es que la sentencia ahora confirmada recalcaba que las expresiones dirigidas por Bravo, asistido por el letrado Pablo Alonso de Caso, se produjeron en el marco de «una contienda político-sindical», lo que reduce su significación ofensiva, ya que fueron lanzadas «como crítica a la reducción de subvenciones y del número de liberados sindicales acordada por el Govern».

Por su parte, Bauzá recurrió la sentencia ante la Audiencia apelando a la «obligación moral y profesional de guardar el debido decoro en sus palabras» y no crear «más crispación de la existente», y llegando a afirmar que los «insultos» fueron consecuencia de medidas -reducción de subvenciones y del número de liberados sindicales- adoptadas por el Ejecutivo balear «como tantas otras».

El presidente autonómico consideraba que las expresiones lanzadas ocasionaron «una erosión y un ataque reiterado en su honorabilidad, absolutamente al margen de que las políticas realizadas puedan ser objeto de crítica o impugnación».