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El PSIB ha exigido hoy al conseller de Economía, Joaquín García, que cumpla con las sentencias que ordenan la readmisión en empresas públicas de empleados despedidos «en fraude de ley», en vez de seguir pagándoles sin darles trabajo.

«Reincorporen a los trabajadores como ordenan los jueces y no los envíen a su casa pagándoles, porque eso es derrochar fondos públicos», ha solicitado a García la diputada socialista Lourdes Aguiló en el turno de preguntas del pleno del Parlament.

Aguiló ha subrayado que ya son numerosos los juzgados de lo social que han anulado despidos de trabajadores de empresas públicas porque sus contratos fueron suspendidos «burlando el proceso establecido para los despidos colectivos».

«Dicen que eliminan personas y esperan que los tribunales crean que no son despidos colectivos, sino amortizaciones singulares de puestos de trabajo interinos», ha señalado la diputada, para quien los tribunales «han pillado» el fraude del Govern.

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Cambio de criterio

El conseller de Economía ha explicado que cuando la dirección de la Oficina de Control Presupuestario que él encabezaba comenzó a amortizar plazas de trabajadores tenía «un aval jurídico claro y contundente», pero posteriormente «ha habido un cambio de criterio» por parte de la justicia y el ejecutivo autonómico está ultimando su adaptación a las nuevas condiciones.

García ha matizado que, en contra de lo que dan a entender sindicatos y partidos de la oposición, las sentencias contrarias a las amortizaciones no afectan a los 800 despedidos en similares circunstancias, sino a un centenar de personas.

El titular de Economía y Competitividad también ha respondido a una pregunta de la oposición sobre sus planes para respaldar al pequeño y mediano comercio, un sector «prioritario» al que ha prometido ayuda y diálogo para contribuir a que se adapte en las mejores condiciones «a las necesidades del cliente».