Mateu Isern.

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El alcalde Mateo Isern aseguró ayer que los desahucios son un tema prioritario para su gobierno y anunció que si la partida de 200.000 euros, que aprobó el pleno destinar a esta finalidad son insuficientes, «habrá que ampliarlas». En concreto, se destinarán 100.000 euros para viviendas de alquiler de PalmaHabitada y 100.000 euros para ayudas sociales a personas que hayan perdido su vivienda.

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Desahucios. Tras aprobarse esta propuesta, el alcalde salió a los pasillos de Cort para hablar con los miembros de la Plataforna de Afectados por la Hipoteca (PAH) y proponerles la celebración de una reunión en la que hagan peticiones concretas y viables. La portavoz de la PAH, Ángela Pons, adelantó que le pedirán que negocien con los bancos alquileres sociales, ya que aseguró que estos siguen realizando desahucios. Además, instó al alcalde a bajarse el sueldo a 1.200 euros mensuales -también al resto de regidores- y destinar la diferencia a personas que hayan pedido su vivienda. Pons pidió que lo aprobado ayer y las propuestas del alcalde se materialicen y que no se queden en titulares porque «hace un año se aprobó una moción y aún no se ha hecho nada».

Durante su intervención en el pleno, la portavoz de la PAH puntualizó que no protestan porque sea el PP sino porque es el partido que gobierna. Al finalizar, asistentes al pleno gritaron «¡sí se puede!». El alcalde agradeció el tono de la intervención de Pons; en su opinión, «no se trata de política, de partidos, sino de resolver dramas humanos». Isern también tuvo que llama al orden a una mujer porque no tenía turno de palabra; dijo que no se sentía representada por la PAH.

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Los partidos de la oposición, que presentaron la propuesta sobre desahucios probada ayer por unanimidad y a la que el gobierno incorporó algunos puntos, manifestaron su satisfacción aunque consideraron que no es suficiente. Así, el ecosoberanista Antoni Noguera argumentó que cuando las personas desahuciadas se vayan a pisos de PalmaHabitada «arrastrarán una deuda que probablemente frustre su proyecto de vida». La socialista Virginia Abraham adelantó que presentarán propuestas en todos los plenos para incrementar el parque de viviendas dirigido a personas desahuciadas y para incorporar al mercado viviendas vacías.

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Priorizar el pago a las entidades sociales. El pleno aprobó por unanimidad, a propuesta del PSOE, «instar al equipo de gobierno a declarar como pago preferente la deuda con las entidades sociales», y al Estado a priorizar los pagos para gasto social». Sin embargo, el PP rechazó pagar a las entidades sociales en 30 días desde la aprobación ya que no saben si van a poder cumplirlo. La teniente de alcalde de Benestar Social, Sandra Fernández, adelantó que están trabanjando en un plan de pago a proveedores, pero argumentó que no quieren crear falsas expectativas a las entidades sociales ya que no saben si podrán pagar en 30 días. Por su parte, la portavoz del PSOE, Aina Calvo, siguió insistiendo en que se debería haber incluido a las entidades sociales en el plan de pago a proveedores, aunque Intervención ha certificado que no es posible.

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Tarjeta sanitaria. El PP rechazó instar al Govern a suprimir el pago de la tasa de 10 euros para renovar la tarjeta sanitaria a las personas sin recursos y que no tengan que avanzar el copago de los medicamentos. La titular de Benestar Social aseguró que «a Cort no le consta que exista esta problemática generalizada»; reconoció que hace unos meses sí sucedía así y tomaron medidas para solucionarlo. La socialista Begoña Sánchez preguntó qué cuantía de las subvenciones que da Cort a las entidades sociales se para pagar la renovación de la tarjeta sanitaria a las personas sin recursos. Fernández respondió que esa cifra no se puede conocer; precisó que Cort no destina dinero a esta finalidad, sino que hace informes para que el Govern no les cobre. Concluyó que el PP ha tomado medidas que no le gustan, pero que eran necesarias para mantener el sistema sanitario.